La actividad comenzó con números musicales en las escalinatas de la sede de Gil 353, en donde representantes de distintos sectores leyeron un documento en el que plasmaron la “crítica” situación que atraviesa el sistema a nivel nacional a partir de la decisión del gobierno nacional de frenar el envío de fondos necesarios para lo que se conoce como gastos de funcionamiento y que tienen que ver, nada más y nada menos, que con la vida diaria y social de dichas instituciones.

“Nuestras universidades han sufrido un fuerte ajuste en términos reales‘ en dicho ítem, explicó la vice rectora María Emma Martín, quien describió que dentro de los gastos de funcionamiento se encuentran aspectos tales como ‘mantener edificios, realizar obras, sostener becas, comedores y residencias” pero también “incentivar el desarrollo científico, laboratorios y proyectos de investigación”.

Advirtió que los recortes -aun con los anuncios de las últimas horas del Gobierno Nacional- es insuficiente puesto que el Presupuesto destinado a las universidades “es a valores de septiembre de 2022”.

El referente de ADU, Aldo Acuña, destacó que los salarios del personal docente y no docente arrastra una pérdida “del 50% respecto de la inflación”, motivo que hizo que se “retomaran consignas de hace más de 20 años”.

María Emilia Orden habló en la misma dirección y pidió por la discusión paritaria “plena” porque Nación “malversa su participación” actualmente “imponiendo aumentos paupérrimos de manera unilateral”.

El representante de la agrupación Franja Morada, Román Escobedo, habló de la educación superior como “un derecho humano fundamental” que hoy se ve cercenado porque “el aumento generalizado de precios que impacta sobre salarios, servicios, alquileres y transporte” pone en “jaque el acceso, la permanencia y el egreso de estudiantes”, panorama agravado por ‘el recorte en términos de montos‘ que experimenta “el servicio de becas”, cuyo “desguace es prácticamente total”.

Diana Moro, a su turno, afirmó que “los sectores científico-tecnológico y de investigación nacionales atraviesan uno de los momentos más críticos de su historia” y contó que por el reparto federal de universidades como centros de investigación “Argentina es una referencia de ciencia y tecnología en el mundo entero”.

Sin embargo, añadió, la postura asumida por el Gobierno Nacional hacen que quienes llevan adelante esas investigaciones “no lleguen a fin de mes y carezcan de información cierta sobre la posibilidad de continuar con sus proyectos” pese a que “la ciencia y tecnología son aspectos sustanciales para la producción de soberanía, desarrollo y progreso. Un país que no invierte en ciencia renuncia a su soberanía”.

Martín tomó de nuevo la palabra en el cierre, y marcó que “el desfinanciamiento de la universidad y el sistema científico va en desmedro de los declamados objetivos de lograr el crecimiento económico”.

Destacó que, entre otros hitos producto de la calidad de dichos trabajos, por ejemplo “entre 2018 y 2022 la producción de software generó 19500 millones de dólares” o que “Argentina es uno de los 10 países que tienen capacidad para diseñar y producir satélites” en el mundo. 

“Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación y Universidad pública. Queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permitan a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía. La educación nos salva y nos hace libres. Convocamos a la sociedad argentina a defenderla”, cerró.
 

Agencia Santa Rosa