Argentina ha venido atravesando circunstancias especiales, emergentes de gobiernos que pretendieron, en aras de un sentido democrático “a la nuestra”, reglar conductas y comportamientos en todos los ámbitos de la sociedad, comprobándose que todo ha sido un gran fracaso.

Lo sucedido y que ha provocado conmoción por la incidencia que tiene sobre la salud de las personas, nos referimos a las Prepagas y Obras Sociales, es un fenómeno que si se analiza en profundidad está abarcando a todo el espectro, productivo, industrial y científico, dado que, sin que constituya una “cartelización”, se han establecido los códigos de supervivencia a través de acuerdos que se registran entre los diferentes sectores, dejando abiertos los aspectos de comercialización y otras facetas que pueden manejar las empresas.

Pero era un suceso inevitable que se dieran los mecanismos interempresas, se fijaran pautas, donde la libre competencia se materializara en la instrumentación aceitada de precios, costos y las diferencias se plantearan en otros planos de la comercialización y venta.

La libertad de mercado, en todos sus aspectos, requiere una educación y formación previa, que los argentinos no poseemos. No resulta fácil, dado que depende de innumerables factores que transitan por carriles diferenciados desde que se inicia la producción a la cadena de comercialización y hasta que llega al consumidor.

El Estado liberal que está pretendiendo imponer el gobierno libertario, sin decirlo, ya está transformando el pensamiento que anidaba en sus propuestas. El control del Gobierno no puede eliminarse de golpe, alguien por encima de los intereses empresario-comerciales debe fijar límites acordados para establecer un camino ordenado en procura de una apertura integral.

Llámese como se quiera, pero el gobierno de Milei, según manifestara el vocero presidencial en la mañana de ayer, tomó posición y fijó los parámetros de aumento con los cuales deben operar las Prepagas y Obras Sociales.

El P.E. dispuso mediante una resolución que algunas de las empresas de servicios de salud deben devolver los aumentos aplicados hasta la fecha y determinó, en la misma disposición oficial, qué índice deberán tener en cuenta en los futuros incrementos de las cuotas.

Como era dable esperar, la reacción de los afectados llega hasta la instrumentación de medidas cautelares que permitan explicar y justificar los notables incrementos de los últimos meses.

Por su parte, el gobierno sostiene, además de preparar una batería de medidas en torno al problema, que no pueden ni deben ajustarse tarifas por encima de los indicadores de inflación y económicos que señalan que la presión financiera está en baja y eso debería sentirse en los precios, suceso que hasta ahora no se ha reflejado en ningún rubro.

Los mecanismos que se están observando obedecen a estrategias de venta, que no amplían el poder adquisitivo sino que se mantienen muy altos y, pese a la caída inflacionaria el control de la monetización y al intento de regular el mercado a través de liberarlos, los efectos positivos no se ven.

Por ahora, la intención gubernamental no se ve reflejada en el libre mercado, consistente en aquel donde los precios de los bienes y servicios se fijan en función de la interacción entre los oferentes y los demandantes, sin que ningún estamento gubernamental del Estado o cualquier otro agente externo pueda intervenir en los precios.

Esta interacción no se concreta atento a la ausencia de parte del comercio de buscar en la sana competencia de precios mejorar la oferta y ampliar el segmento de la demanda, hoy retraído por la necesidad de preservar ordenadamente los ingresos para atender lo esencial.

Según la interpretación del economista Adam Smith, se considera que “la libre competencia es el eje fundamental de funcionamiento del mercado: en dicho mercado, la competencia es la concurrencia de la oferta y la demanda. Una demanda mayor hará que los productores inviertan en producir y una oferta mayor afectará a los precios; las empresas operan para obtener un mayor marco de compradores en razón de bajar los precios”.

Esta situación, que entendemos es a la que apunta el presidente Javier Milei, está -por ahora- lejos de concretarse. Los precios van por un ascensor de última generación mientras que los consumidores suben, con mucho esfuerzo, por la escalera y la mayoría de las veces a oscuras.

Adam Smith afirma: “Estar convencido de que para el correcto funcionamiento de una economía de mercado se deben regular sus falencias. Por eso defiende las ideas de la Economía Política que buscan asegurar al Estado los ingresos suficientes para proveer los servicios públicos como la educación gratuita y el alivio a la pobreza”.

Claramente, aquellos economistas que alientan la instrumentación del libre mercado y competencia como una de las mejores formas de crecimiento y fortalecimiento económico de un país, no dejan de señalar que el Estado no puede ni debe estar ausente.

Su misión es clara y precisa, debe ser el moderador, fijando las reglas de juego para establecer el sano equilibrio que debe reinar en una comunidad.

Hoy no se están dando esas condiciones y el pensamiento intransigente del presidente Milei y su círculo rojo están intentando morigerarse adaptándose a una sociedad que se está rompiendo y requiere estabilizarse sin que esto provoque daños sociales irreparables.

Libre mercado sí, libre competencia también: pero fundamentalmente, primero, educar y enseñar los mecanismos que deben operar para que este sistema alcance el éxito. De otra forma el choque de intereses es inevitable.