Pichetto fue quien generó que en abril se eliminaran 42 artículos de la versión original de la Ley Bases que irritaban a la dirigencia sindical. El proyecto que trató Diputados tuvo sólo 17 de los 58 artículos de la reforma laboral que promovía originariamente la Casa Rosada. 

En contacto permanente con la dirigencia gremial, la consigna de Pichetto fue muy clara: “No incluir nada que afecte a la CGT”. 

El problema es que el Senado incorporó modificaciones que volvieron a poner en alerta al sindicalismo. Uno de los agregados propuestos por la UCR es la penalización de los bloqueos sindicales al considerarlos “grave injuria laboral”, una figura que les da a los empleadores amplias facultades para despedir con causa a trabajadores que participan de ese tipo de medidas.

Pero en el dictamen aprobado en el Senado el oficialismo vetó un pedido de los radicales mucho más duro que el propuesto por el Gobierno en el DNU 70: prohibir directamente las cuotas solidarias que ayudan a financiar la “caja sindical”.

Así las cosas, aunque el sector dialoguista de la CGT no practica con frecuencia ni defiende los bloqueos que puso de moda Camioneros, podría activar su línea directa con Pichetto para impedir que ese artículo sea parte de la ley que aprobará Diputados. Pero también hay movimientos en favor de ese punto que surgen desde las pymes y el PRO, que ya buscan sumar apoyos para evitar que sea eliminado.

Otro artículo añadido que inquieta al sindicalismo son las modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo que estaban incluidas en el DNU 70. 

Para el Gobierno, de todas formas, lo importante es que se conviertan en ley los puntos que considera centrales de la “modernización laboral”: la eliminación de las multas laborales por empleo no registrado y falta de pago de las indemnizaciones por despido, la creación de un sistema indemnizatorio para los nuevos trabajadores como el Fondo de Cese de la UOCRA, de manera optativa y mediante el convenio colectivo, y la extensión del período de prueba de los trabajadores a 6 meses, ampliable hasta un año si se acuerda por convenio colectivo. 

En este último caso, el Senado incluyó un cambio que resistirá el sindicalismo: “Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo a la extinción”.

Pablo Moyano anticipó que volverá a movilizarse ante el Congreso para presionar a los legisladores, mientras el ala dialoguista de la central obrera mantendrá seguramente su decisión de dejar en libertad de acción a los sindicatos para salir a a calle, aunque, por más que no lo reconozcan, está conforme con el desguace que sufrió la reforma laboral libertaria.

El líder de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, secretario adjunto cegetista y exponente del dialoguismo sindical, admitió en diálogo con el medio digital Infobae: “Como somos respetuosos de las decisiones del Congreso, la CGT había decidido no movilizarse producto de que muchas de las tratativas que modificaron el espíritu de la reforma laboral y del empleo público se lograron a partir de negociaciones”.

Es que, además de los 42 artículos recortados en la reforma laboral de Milei, la CGT logró que se atenuaran restricciones para los trabajadores del sector público que estaban en la versión de la Ley Bases aprobada en Diputados: según el texto votado por el Senado, que avalará probablemente la Cámara Baja, el ejercicio del derecho de huelga en el Estado no dará causa a ningún tipo de sanción administrativa y, para alivio de los sindicatos estatales, ya no hará falta que los no afiliados deban autorizar de manera previa y expresa a que se les descuente la cuota solidaria.