JUEVES 11 de Agosto de 2022
 
 
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La Provincia deberá indemnizar al hijo de Carla Figueroa

El juez de primera instancia en lo civil, Pedro Campos, hizo lugar a una demanda por daños y perjuicios promovida por el hijo de Carla Figueroa, y condenó a la Provincia de La Pampa a indemnizarlo por el error judicial cometido por el Tribunal de Impugnación Penal al otorgarle el avenimiento a su pareja, Marcelo Tomaselli.

El Estado presentó una nota “poniendo de relieve” que no apelará la sentencia ante “la imprescindible obligación estatal de asegurar el bienestar físico y psíquico del niño”.

El 10 de diciembre de 2011, Tomaselli mató a Figueroa, delante del hijo de ambos por entonces de dos años. El hecho se produjo una semana después de que el TIP, con los votos de los jueces Carlos Flores y Gustavo Jensen, aceptara el pedido para que el victimario recibiera el avenimiento. Así, Tomaselli quedó libre y se extinguió la acción penal.

Para Campos el error judicial que abrió paso a la indemnización se acreditó cuando el Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso de casación y revocó esa resolución de Impugnación, aduciendo que en ella no se habían observado los tratados internacionales con jerarquía constitucional vinculados a la perspectiva de género y la ley 26.458 de Protección Integral contra las Mujeres.

El hijo de Figueroa, hoy de 12 años, promovió la demanda a través de su madre adoptiva y representante legal, con la intervención de la abogada Alejandra Castro Wachs y el abogado Marcelo Petrelli.

Al contestar la demanda, la Fiscalía de Estado planteó que la causa estaba prescripta porque el avenimiento se dictó el 2 de diciembre de 2011 y la demanda fue presentada el 10 de diciembre de 2013, es decir ya vencido el plazo legal de dos años.

Las defensas de Flores y Jensen adhirieron a ese planteo. Sin embargo, Campos sostuvo que esos dos años el hijo no era parte de ningún expediente debían computarse desde la fecha de fallecimiento de Figueroa (10 de diciembre de 2011) o, eventualmente, desde la revocatoria del STJ (24 de julio de 2012); por lo que en ninguno de los dos casos la acción estaba prescripta.

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