Durante los primeros días de esta semana se definirá en una reunión cuándo se concretaría la sesión, aunque se especula que sería el miércoles, según fuentes legislativas. De esta manera, las bancadas opositoras, muchas de las cuales jugaron con el gobierno del presidente Javier Milei, intentarán limitar el uso, principalmente, de los decretos de necesidad y urgencia; herramienta de la que Milei hizo uso y abuso para muchos senadores.

La iniciativa obtuvo un rápido y curioso despacho en la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside la cordobesa Alejandra Vigo, en el que confluyeron no solo el kirchnerismo, sino también la UCR, PRO y provinciales.

Establece un plazo de 90 días corridos para su aprobación por ambas cámaras o se considera “derogado” dejando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. Además, el rechazo de una de las cámaras ya lo deja sin efecto, entre otros puntos.

También se sumará a la eventual sesión la insistencia del proyecto que declara la emergencia en el área de discapacidad -vetada por Milei-, que ya cuenta con la media sanción de Diputados. Necesita ser aprobada por dos tercios algo que se da por hecho en la Cámara alta.

Al Senado ya ingresaron la semana pasada otros dos proyectos aprobados en la Cámara baja: el que incrementa penas en delitos de evasión y el que modifica el huso horario, impulsado por el radical Julio Cobos. Ambos tendrán giro de comisión. El segundo se encamina a dormir.

La AGN continúa acéfala

En el plano legislativo pasó desapercibida la grave situación en la Auditoría General de la Nación (AGN), el principal órgano de control externo de los gastos del Estado, que desde hace meses está casi acéfalo salvo la presidencia del legislador porteño electo Juan Manuel Olmos (PJ). Con tres butacas sin definir por cada Cámara del Congreso, La Libertad Avanza cree que la oposición aprovechará la oleada de derrotas al oficialismo de los últimos días para imponer nombres y dejar aún más aislado al Gobierno.

“Para nosotros, dos o nada, como debió ser siempre. Quisieron la fórmula de uno para cada sector y se equivocaron”, sentenciaron al medio desde el Frente de Todos en la Cámara alta, que espera el momento para accionar. Además, hoy tiene el control total de la AGN a través de Olmos. En la última sesión en la Cámara alta, un respetado legislador radical se cruzó a dos periodistas acreditados en una escalera y, al mencionar el tema, deslizó: “Es muy curioso que el Gobierno arme tanto lío por las jubilaciones, el Garrahan o discapacidad y pida controles a gritos. Pero, ¿cómo puede ser que nadie esté interesado en esto? ¿Por qué casi nadie habla? ¿A quién le favorece todo esto? Muy extraño”.

El inconveniente que se suma a todo esto es que los otrora aliados ahora se encuentran con la cara pintada y están dispuestos a disparar más dardos contra la Casa Rosada desde el recinto de la Cámara alta. No obstante, se encuentran con algunos inconvenientes. Es caso más concreto es la Unión Cívica Radical (UCR) que, para variar, está dividida.

“Algunos no vienen a las reuniones de bloque; otros, están cada vez más opositores. Incluso hay uno que ya parece una filial del kirchnerismo. Y quienes mantienen lazos con el Gobierno libertario o respetan los acuerdos gobernador-Ejecutivo quedaron atrapados. Presentemos a quien presentemos, será para la sospecha de algún bando. Quizá sea mejor que sigamos así”, reflexionaron desde el centenario partido.

Son dos las iniciativas discutidas tiempo atrás -ahora en siesta, en la comisión de Asuntos Constitucionales- e involucran a dos experimentados: la del jefe del Frente de Todos, José Mayans; y una segunda, del peronista disidente Juan Carlos Romero (Provincias Unidas). Ambas comparten la disminución de los mandatos, que pasarían de ocho a cuatro años, con posibilidad de reelección. Es decir, actualizados a la realidad de los gobiernos y renovaciones parlamentarias, en general.