Con el decreto de baja temporal a punto de vencer, buscan dictaminar una ley que mantenga la rebaja. El oficialismo se niega a tratar el tema en Presupuesto.
La cuenta regresiva ya empezó: el decreto que redujo transitoriamente las retenciones agropecuarias vence en poco más de 2 meses y, ante la falta de señales del Gobierno para prorrogarlo o transformarlo en ley, la oposición en Diputados activó su estrategia para evitar que vuelvan a subir.
El primer paso se dará este miércoles cuando la Comisión de Agricultura y Ganadería, presidida por el radical Atilio Benedetti, se reúna para dictaminar una batería de proyectos que apuntan a fijar por ley una baja permanente en los derechos de exportación.
Las propuestas son variadas: desde iniciativas que eliminan completamente las retenciones en el corto plazo, hasta esquemas de reducción gradual o mantenimiento de las actuales alícuotas. Entre los autores figuran diputados del PRO, la UCR, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y legisladores que responden a gobernadores como Martín Llaryora y Rogelio Frigerio.
“El campo necesita previsibilidad y reglas claras. Esta carga impositiva es injusta y golpea especialmente al interior productivo”, afirman desde los bloques impulsores. La presión se explica también por el peso del agro en las economías regionales y por la necesidad de los legisladores de sus provincias de dar respuesta a productores y gobiernos locales.
El principal obstáculo es político: todos los proyectos deben pasar por la Comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert, quien ya adelantó que no tiene intenciones de convocarla para tratar este tema. <EM>Para evitar ese bloqueo, la oposición prepara un nuevo emplazamiento para obligar a que la comisión se reúna, como ya lo hizo con otros temas sensibles como las jubilaciones y la discapacidad.
La jugada es clara: emitir dictamen en Agricultura y llevar el tema al recinto en la próxima sesión, junto con otras iniciativas de fuerte impacto social.
Si logran aprobar la ley, el oficialismo deberá decidir si la promulga o la veta, con el costo político que implicaría ir contra uno de los sectores más dinámicos de la economía.
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