La negociación Macri-Caputo a todas luces espuria abrió y generó más divisiones internas en el PRO, que siguiendo directivas de su actual presidente, señalaba su aprobación a la ley, sufrió un cambio cuando tras, el “toma y daca”, hoy deberán rechazar y ratificar como válido el veto presidencial.

En este vendaval de sucesos que van generando las acciones del gobierno que responden a las planificaciones que giran alrededor de los planes de regulación y transformación del Estado, van sumándose las reacciones ciudadanas que son generadas por medidas de cierres, recortes, amagues privatizantes y refuncionalización de áreas, como el Hospital Bonaparte y el Garrahan, que cumplen una vital y trascendente tarea en el marco del tratamiento y atención de adicciones y enfermedades mentales y la de niños y niñas.

A estas alteraciones que suponen achicamiento -en algún momento se habló de cierre- hay que agregar la decisión del transporte en general, que anunció un paro para el 30 de octubre, en el que estarán involucrados todos los transportes terrestres y aéreos.

En estos días se tomó conocimiento será elevada a la consideración del Congreso de la Nación la denominada “ley hojarasca”, que se ocupa de la eliminación de 75 leyes a las que se considera improductivas, costosas y sin fines que solucionen problemas de la sociedad.

Pero no todo concluye con este programa elaborado por Federico Sturzenegger, titular del Ministerio de Regulación y Transformación del Estado, tiene en carpeta mas de 3000 normas que sufrirán los efectos en algunos casos de eliminación, en otros de achicamiento y las que queden serán reformuladas.

Este movimiento que trascendió ya ha sido puesto a consideración del presidente Milei, será instrumentado en lo que queda del mes de octubre, siempre y cuando su correlato legislativo logre el respaldo necesario para ser sancionadas.

El otro tema que ha sacudido el tejido social es la oficialización de la desregulación del transporte de media y larga distancia. Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, se anunció que dejará de ser considerado un servicio público y que la medida no afectará las normas de seguridad vigentes.

El nuevo sistema comenzará a implementarse en un plazo de 60 días y, según las autoridades, no afectará las normas de seguridad vigentes. La medida, que busca entre otras cosas fomentar la competencia, tiene como objetivo reducir los costos del transporte.

Esta modificación permitirá a las empresas del sector tener mayor libertad para establecer precios, modificar o discontinuar rutas no rentables y facilitará la entrada de nuevas compañías al mercado.

La medida resulta -a primera vista- por demás conflictiva, en tanto la ausencia de un régimen de regulación y con normas de funcionamiento, queda a criterio del sector empresario que podrá evaluar qué le conviene y qué no. Es decir, pueblo alejados, de escasa cantidad de habitantes, serán obviados y las comunidades quedarán sin medios de transporte debiendo dirigirse a los puntos que -elegidos previamente- resulten rentables.

Un país sin ser regulado, controlado, normatizado, ingresa en un túnel de mucha oscuridad, donde es fácil predecir que habrá un enorme libertinaje de un mercado que dejará de tener una función social para ser únicamente viable si brinda ganancia. Política de mercado que le dicen.

El libre mercado es aquel en que los precios de los bienes y servicios se fijan en función de la interacción entre los oferentes y los demandantes, sin que ningún estamento gubernamental del Estado o cualquier otro agente externo pueda intervenir en los precios. La sociedad de consumo no cuenta.

Desaparecen las normas, controles y regulaciones, respondiendo a los principios anarcocapitalistas a los cuales está aferrado el presidente Milei y que utiliza como el mecanismo para producir el cambio que -él entiende- requiere Argentina para recuperarse.

Muchas etapas a superar y todas plantean nuevas dificultades que Javier Milei y su “triángulo de poder” ignoran o pretenden hacerlo, restándole importancia a las reacciones sociales, empresariales, gremiales que aumentan y comprometen la estabilidad institucional del país.

El paradigma mileista: “El fin los medios”.