Dejó claramente explicitado que enfrente no tienen a nadie, ni política ni gremialmente.

Se escuchan voces de críticas que intentan desvalorizar las normas que han comenzado a materializar, pero no son más que quejas, vaticinios, pronósticos y virtuales amenazas para quienes ayudaron a concretar esos objetivos.

Pero es como derramar un vaso de agua en el desierto. Es infructuoso y solo tiene como finalidad que los muy fanatizados aplaudan y celebren que ellos se opongan. Pero en definitiva es la nada misma.

Lo medular que ahora pasa a la consideración de la Cámara de Diputados para ver si ratifica o rectifica con modificaciones que surjan de algún análisis opositor y que no puedan rebatir con votos mayoritarios los libertarios, es un tema que, dadas las circunstancias de feriados y necesidad de integración de comisiones para su tratamiento y dictamen, podría pasar a ser considerado en las ordinarias que se inician el 1º de marzo, salvo que el presidente extienda las extraordinarias, una facultad que deberá analizarse si jurídicamente puede hacerlo.

La modernización o reforma laboral, como viene denominándose -según quién la mencione-, es un proceso transformador que, en un principio, procura equilibrar a la patronal empresaria con los derechos del trabajador.

Aparentemente, muchos de los aspectos allí señalados indicaban que el poder gremial había superado las expectativas laborales, superponiéndose a las posibilidades empresarias, fundamentalmente de las Pymes, y generando un desfasaje que transformó el espectro del trabajador en un inconveniente para el sector empresario que procuró salir de las inconveniencias de los procesos indemnizatorios tomando empleados en negro o creando el área del monotributista.

Las modificaciones que se producen en el marco de la nueva normativa plantea opiniones controvertidas, unas sosteniendo que es el camino indicado para recomponer el empleo en blanco y ampliar la masa de trabajadores ocupados, y la otra todo lo contrario.

La realidad habrá que ver cuando estén ejecutándose las modificaciones introducidas y el hito de modernidad que la colocaría en línea con las que se están cumpliendo en el primer mundo.

En otro capítulo -por demás conflictivo en Diputados- se analizaban los contenidos de la Ley Penal Juvenil, que contempla, entre otros aspectos punitivos, la edad de imputabilidad, hoy un tema que provoca disimiles opiniones en el seno de la sociedad y en el marco de una jurisprudencia que en su fuente natural responde a los lineamientos internacionales de protección y cuidado de los niños.

También en este aspecto se han configurado dos escenarios antinómicos. Los que pretenden bajarla, dado que está comprobado que los últimos y más graves hechos de violencia y robos fueron protagonizados por niños de entre 12 y 14 años -hoy inimputables-, situación que conspira con las herramientas jurídicas a los efectos de encontrarles adecuadas sanciones e impongan métodos de recuperación de quienes han elegido el camino de la delincuencia.

En el otro ámbito, los que sostienen que la solución no está dada en bajar la edad de imputabilidad y citan varios factores: unos humanos y otros técnicos operativos, todos atendibles, pero hoy en una mesa donde se los cuestiona.

Las discusiones, los roces legislativos, ironías y acusaciones mediante fueron parte de este tratamiento, que se supone -de acuerdo a los datos recogidos en fuentes del oficialismo- cuentan con los votos necesarios para el dictamen en general y se plantearán las diferencias en el tratamiento en particular. Tras estas definiciones se pasará a tratar los contenidos del Acuerdo del Mercosur con la UE, otro tema conflictivo que deparará divisiones internas dentro de los mismos sectores opositores.

Concluida esta etapa, según surjan de acuerdo a los deseos presidenciales, estarán en “capilla” hasta que Javier Milei y su entorno dispongan la viabilidad o no de tres leyes conflictivas cuyos resultados son una incógnita.