El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni no puede irse del país sin pasar antes por la Justicia. Así lo dispuso en las últimas horas de ayer el juez federal Ariel Lijo, quien tiene a cargo el expediente por enriquecimiento ilícito contra el exfuncionario libertario. Además, en los tribunales federales de Comodoro Py echaron por tierra otro intento de los denunciantes para avanzar con su detención.

El viernes el fiscal Gerardo Pollicita, quien conduce la investigación sobre el patrimonio de Adorni, emitió un dictamen en el que, si bien descartó peligro de fuga o entorpecimiento de la causa, pidió que el ex vocero notifique previamente cualquier salida del país, para que la Justicia “evalúe la pertinencia y razonabilidad” de cada viaje.

El juez Lijo ordenó lo solicitado por el fiscal y tomó así la primera medida restrictiva para Adorni desde que se abrió la causa. Esto solamente lo alcanza a él y no a su esposa, Bettina Angeletti, también bajo investigación judicial.

Previo a esta resolución, Manuel Adorni -a través de un escrito presentado por su abogado Matías Ledesma- hizo saber a la Justicia que se encuentra actualmente en el país y no tiene intenciones de cruzar las fronteras en el futuro cercano.

Tras su renuncia a la coordinación del Gabinete de ministros del presidente Javier Milei, surgieron versiones periodísticas de que Adorni había deslizado a su entorno intenciones de irse a vivir a Uruguay.

No a la detención

El abogado Gregorio Dalbón y la diputada nacional Marcela Pagano, habían pedido en los últimos días la detención de Manuel Adorni, o en subsidio, la prohibición de salida del país. Para rechazar esas propuestas, el fiscal Pollicita consideró que Adorni no opuso “reparos innecesarios” o “dilaciones” que afecten el trámite de la causa.

En particular, el representante del Ministerio Público opinó que ni siquiera las conversaciones que el exjefe de Gabinete mantuvo con el contratista Matías Tabar antes de su declaración como testigo fueron un entorpecimiento.

Para desestimar la detención del exvocero, el fiscal también tuvo en cuenta que este no tiene antecedentes penales, que posee bienes en el país y un lugar de residencia habitual donde está su núcleo familiar, lo que disipa el peligro de fuga alegado por los denunciantes.