LUNES 15 de Diciembre de 2025
 
 
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Por seis meses 

La Justicia federal frenó el decreto del Gobierno para aplicar cambios en el INTI

La Justicia paró el decreto por el cual el Gobierno buscaba aplicar cambios en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y dispuso que el Poder Ejecutivo “se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo” por el plazo de 6 meses, en una decisión que ATE celebró como un apoyo a la “lucha” sindical.

Así lo estableció la jueza Martina Isabel Forns, a cargo del Juzgado Federal Civil Comercial y Contencioso Administrativo Nº2 de San Martín y quien ordenó al Gobierno que “se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo” que derive de la aplicación del decreto 462/25 por un tiempo determinado de seis meses.
El decreto había sido impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para modificar la estructura del organismo.
La jueza dispuso “hacer lugar parcialmente a la medida cautelar de no innovar solicitada por la actora Asociación Trabajadores del Estado, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al Instituto Nacional de Tecnología Industrial”.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró la medida de la Justicia y cargó contra el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, al calificarlos como “inútiles”.
“Presidente, para asegurar el plan colonial que le encargaron, usted se propone aniquilar la industria y la producción, pero no va poder. Sturzenegger, te digo que son bastante inútiles eh. Ni las facultades delegadas supieron utilizar. Uno por uno vamos a voltear tus decretos truchos. ¡Luchar sirve! ¡El INTI no se toca!”, expresó desde sus redes sociales.
El objetivo del Gobierno era integrar el INTI a una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.
Actualmente, el organismo cuenta con una dotación de 2356 agentes y un presupuesto anual de más de $85.600 millones, con más de 250 reparticiones estructuradas en 6 niveles jerárquicos.
 

 

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