La declaración de la escribana aportó un dato central para la pesquisa sobre el departamento de Caballito, donde actualmente vive el funcionario. Según explicó el miércoles ante la Justicia, la operación se cerró con un anticipo en efectivo de u$s30.000 y un saldo de u$s200.000 a pagar hasta noviembre de 2026, sin intereses. Las ex propietarias del inmueble, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, habrían aceptado ese esquema de financiamiento, ahora bajo análisis judicial.

Al salir de los tribunales de Comodoro Py, Nechevenko buscó despegarse de las sospechas y aclaró que “no hubo ningún préstamo de dinero” a Adorni.

Según su versión, lo que existió fueron “compraventas con hipotecas por saldo de precio”. Sin embargo, cuando fue consultada por la procedencia de los fondos, evitó avanzar y remarcó: “hay que preguntarle a Adorni de dónde sacó el dinero”.

La escribana también dio detalles sobre otra de las operaciones inmobiliarias que quedaron bajo la lupa: la de un departamento en la calle Asamblea, en Parque Chacabuco.

De acuerdo con su testimonio, en ese caso Adorni accedió a un financiamiento de US$ 100.000 por parte de Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio.

Siempre según la escribana, la devolución fue pactada en 24 cuotas y con un interés del 11%, una operatoria que la fiscalía también analiza para reconstruir la evolución patrimonial del funcionario.

Esa maniobra es observada de cerca porque coincide en el tiempo con la compra de la casa de Indio Cuá, realizada junto a su esposa.

En Comodoro Py buscan determinar cuánto dinero tenían comprometido mensualmente Adorni y su entorno familiar con sus acreedoras, y si ese nivel de obligaciones podía sostenerse con los ingresos informados oficialmente.

Además, otra línea de la pesquisa apunta a las visitas que la escribana realizó a la Casa Rosada. Según registros oficiales incorporados al expediente, ingresó al menos siete veces entre julio de 2024 y enero de 2026, movimientos que ahora también quedaron bajo análisis de la fiscalía.

Allanamientos

Luego de la declaración realizada por la escribana, la Justicia dispuso el allanamiento de tres sucursales de la inmobiliaria Rucci, empresa que intervino en la compra del inmueble bajo sospecha, situadas en los barrios porteños de Liniers, Mataderos y Villa del Parque.

Los procedimientos, buscan reconstruir la trazabilidad de la operación realizada en la calle Miró al 500, por medio de préstamos privados otorgados por cuatro mujeres mayores con un ingreso económico que no coincide con la suma del crédito que le cedieron al funcionario, ya que serían jubiladas y empleadas públicas.