En apariencia y según analistas políticos, consultores y algunos sectores del periodismo interpretan que la redacción de la denominada “modernización o reforma laboral” que acaba de aprobar el Senado -y corresponde analizarla a la Cámara de Diputados- es “tramposa” porque esconde transformaciones radicales de las actuales condiciones laborales de los trabajadores.

Fue votada mayoritariamente logrando avanzar un paso en el marco de la transformación que viene desarrollando en todos los ámbitos el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Los lamentos ahora son “lágrimas de cocodrilo” dado que nadie pone un voto positivo si sabe que está castigando a otro en forma injusta; salvo que esa sea la intencionalidad concreta.

Que era necesario un profundo análisis de las actuales condiciones laborales, convenios existentes y prerrogativas gremiales que han transformado a simples trabajadores en millonarios que hace varias décadas no saben lo que es trabajar, nadie lo discute.

Si la intención sana era ampliar el rango de los trabajadores en blanco y ponerle condicionamientos al laburante en negro, o enmarcar adecuadamente a aquellos que pretenden desarrollar diversas tareas y se convierten en monotributistas para lograrlo, en un comienzo respondía a un formal reclamo del sector empresarial, fundamentalmente las Pymes, que se vieron severamente afectadas en los dos últimos años por no poder responder a la competencia que ejerció la liberación arancelaria de la importación.

Sin lugar a dudas se planteaba una confrontación industrial-comercial con parámetros fabriles muy diferentes, en donde se juegan no solo factores de orden gubernamental-político, sino en otros aspectos que convierten al libre mercado en un “dumping” constante entre los más poderosos afectando seriamente a los emergentes que apenas pueden equilibrar ingresos con egresos.

Si este factor, sintetizado, que en realidad es mucho más complejo y tiene aristas, las cuales analizadas muestran manejos y estructuras laborales que han avanzado notoriamente en relación a las existentes en países chicos aún manejados en el marco del subdesarrollo, sumado a la acción de los que encontraron en las debilidades que muestra el sector empresario una veta para ganar mucha plata y se creó la “industria del juicio”, que transita utilizando el manejo que le permite el uso de las “dos bibliotecas” y una justicia laboral que no logró el sano equilibrio que debe -necesariamente- imponer cuando se plantean litigios entre empresas y trabajadores.

El otro cuestionamiento “escondido” está referido a las licencias. Que existen los abusos nadie lo pone en duda, fundamentalmente en las enfermedades o dolencias psicológicas que, según rezan los comprobantes profesionales, les otorgan períodos de hasta un año sin tener que concurrir a desarrollar sus tareas. 

No es la búsqueda de un nuevo ámbito que no conspire con el quebranto anímico que puede tener el empleado, sino que se quede en su casa, vacaciones, pueda disponer normalmente de su vida, que sigue siendo pagada por el sector empresario. 

La regulación de la reforma es “económica” y eso es cuestionado por diversos sectores, fundamentalmente gremiales. El tema es “caliente” porque de alguna manera se pone en tela de juicio la “honestidad del certificado profesional” que le brinda esa posibilidad de licencia paga.

Todo hace presuponer que la instrumentación -de la que pocos hablan- tiene un costo y por supuesto nadie dice de donde serán los recursos que hacen falta para poner en funcionamiento una metodología que cambiará sustancialmente el trato empresario-trabajador.

Todo apunta a estar frente a “victorias pírricas”, dado que se han materializado -a medias- posibles reformas y nadie dice de donde se saldrán los recursos cuando el mismo presidente, Milei, sigue insistiendo que: “No hay plata” y reafirma su paradigma: superávit fiscal y déficit cero, caiga quien caiga.

La reflexión de la ciudadanía, o de parte de la sociedad que no está fanatizada, es que “se hacen cosas para que nada pase”. Todo tiene un significado netamente político: mostrar a un Javier Milei que sigue subiendo en las encuestas y un nuevo partido que hace dos años atrás no tenía ascendente en ningún poder y hoy se ha convertido en el único que tiene posibilidades ciertas en el contexto político nacional.

Un suceso similar es la recientemente aprobada en la Cámara baja ley penal juvenil. Se preparan para tratarla en el Senado y es factible que tenga votos favorables y se concrete, planteándose aquí el mismo dilema que con la laboral: sin recursos económicos y materiales: ¿Se podrá poner en marcha?

Una duda o muchas maneras de jugar a la política a través de modificar todo sin modificar nada.