La Corte Suprema declaró su competencia originaria en la demanda presentada por la provincia de La Pampa contra el Estado Nacional por la distribución de fondos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y dio intervención al Poder Ejecutivo.

La causa fue iniciada por la administración pampeana mediante una acción declarativa de inconstitucionalidad para reclamar que los recursos correspondientes al uno por ciento asignado al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional integren la masa de fondos coparticipables y sean distribuidos automáticamente entre las provincias.

Según planteó La Pampa, la ley 23.548 de Coparticipación Federal establece que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional pertenece a las provincias y debe ser distribuido por el Estado Nacional para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros provinciales.

En la presentación judicial, la provincia sostuvo que, frente a un contexto de emergencia económica generalizada, el Estado Nacional “se ha apropiado en forma indebida de fondos que no le pertenecen, omitiendo concretar la distribución que la ley de Coparticipación lo obliga a realizar según principios constitucionales”.

El gobernador Sergio Ziliotto impulsó la acción a través de la Fiscalía de Estado encabezada por Romina Schmidt y con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

La Procuración General dictaminó que el expediente corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema “en razón de las personas”, al tratarse de una demanda de una provincia contra el Estado Nacional.

En línea con ese criterio, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron que la causa tramite ante el máximo tribunal y corrieron vista al Estado Nacional para que presente su respuesta a la demanda.