El conflicto judicial se inició en 2022, cuando Mendoza promovió una acción de nulidad y daños y perjuicios contra el Poder Ejecutivo Nacional y reclamó la “nulidad absoluta e insanable” del Decreto 1560/1973.

Según el planteo mendocino, mediante esa norma se le quitó a la provincia el 50 por ciento de las regalías hidroeléctricas producidas por Los Nihuiles para transferirlas “sin causa alguna” a La Pampa.

Mendoza reclamó además que el Estado Nacional sea condenado al pago de daños y perjuicios y que se le restituya el 100 por ciento de las regalías desde la aplicación del decreto en 1973 y hasta que cese la detracción. La provincia calculó que, a diciembre de 2021, el monto reclamado ascendía a $67.338 millones, a lo que pidió sumar intereses y costas.

Tras el dictamen de la Procuración General, la Corte declaró su competencia para intervenir en el expediente y dio vista al Estado Nacional para que contestara la demanda. La administración central rechazó el planteo de Mendoza, opuso una excepción de prescripción y solicitó que La Pampa fuera incorporada al proceso como tercero.