Si nos apartamos de los fríos números que arrojan las encuestas, nos encontramos con un panorama desolador, que nada tiene que ver con los eufóricos mensajes que parten desde diferentes estrados del oficialismo, que pretenden hacer ver una recuperación inexistente.
Conocidos CEOs reunidos para intercambios de experiencias y reacomodamientos de normas que los rigen, sostuvieron que el gobierno del libertario Javier Milei sostiene una macroeconomía achicando todo el mecanismo de la microeconomía, que es la encargada de medir la temperatura de una parte de la sociedad que está tremendamente castigada.
Los economistas, podrían ser los disidentes del manejo que se realiza de la economía nacional, críticos de los proyectos de Desregulación y señalando el profundo daño que se produce a los Estados provinciales con los recortes de partidas, producto de la transformación del Estado, muestran preocupación y alertan sobre los quebrantos de una economía atada con “hilos finos” y con dependencia absoluta del mercado estadounidense que intenta suprimir los contratos convenidos con el gigante asiático y generan un quiebre indiscutido.
Que el Estado deje de ser el manto protector de la sociedad y comience a regir la libertad de mercado podría resultar satisfactorio si el país gozara de un desendeudamiento progresivo y pudiera hacer frente con su producción a los compromisos contraidos. Nada de eso se cumple.
De acuerdo a un análisis publicado en el portal La Política Online: “La industria está pagando el mayor costo del ajuste. Los números no admiten eufemismos. El uso de la capacidad instalada cayó al 61% en octubre. Es el peor nivel desde 2002. Sectores sensibles, como el textil, operan por debajo del 33% de su potencial”.
En ese informe que recoge una periodista de la mencionada web: “Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, cerraron 19.114 empresas, según las estadísticas oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Esa caída se tradujo en una pérdida de algo más de 264.000 puestos de trabajo registrados”.
Una encuesta que la UIA dio a conocer señala, con enorme preocupación, que: “Se registra un síntoma agudo que se detecta en la cadena de pagos. La Unión Industrial Argentina (UIA) compartió una encuesta en la que reveló que casi la mitad del sector no puede cubrir salarios, impuestos o proveedores. Por otro lado, señalaron que un 8,2% falla en todos los rubros”.
Estos aspectos, que no solo afectan al sector mencionado ut supra, la baja y/o quita arancelaria para productos de importación, colocan a un sector de la economía en situación de achicamiento, restando personal, con cierres no calculados, concursos de acreedores y quiebras, suceso que define un panorama desolador para el sector del trabajo.
Comercios que eran las bocas de venta de una industria textil en crecimiento han sufrido un caída exponencial, al punto que conocidas y prestigiosas casas de ventas de ropa y electrodomésticos hoy trabajan con un surtido de mercadería de importación que supera holgadamente aquello que se produce internamente.
La realidad no puede ocultarse ni disimularse. Hoy el gobierno de Javier Milei se apresta a darle un nueva estructura normativa que genere un reacomodamiento de los convenios laborales vigentes que, por su incidencia, ha provocado confrontación empresa-trabajador, que indudablemente debe ser tratada.
Los efectos devastadores que ha producido la denominada “industria del juicio”, además de haber llevado a excesos determinadas prerrogativas que los gremialistas, confabulados con el poder político del momento, lograban para mantener vigente su poder operar en perjuicio del sector empresario, industrial y comercial, a diferencia de lo que sucede en el primer mundo. En síntesis, hemos retrocedido. Se ha beneficiado a gremialistas y abogados a expensas del trabajador y en notorio perjuicio al sector empleador.
La instrumentación de nuevas normas legales es imprescindible para regularizar el escenario del trabajo. Existe una clara ausencia de interés por incorporar trabajadores y se ha aumentado el trabajo en negro y el monotributismo como una salida para responder a las exigencias de las empresas.
Nada hace presuponer que hay que restarle derechos al laburante, pero tampoco se encuadra en la lógica que el “chivo expiatorio” de legislación que se quedó en el tiempo sea el sector empresarial.
Deben generarse los procesos de estudio y análisis, además de tener sobre la mesa comparativos de otras partes del planeta para ver cómo se puede “aggiornar” un sistema, hoy degradado, que se agudiza por el factor desempleo que está vulnerando profundamente el tejido social argentino.
Eso sería realmente un cambio positivo.