Según se informó, la pesquisa se activó luego de que autoridades australianas detectaran conversaciones sospechosas al analizar teléfonos celulares y computadoras secuestradas en Canberra. A partir de ese material, surgió una conexión con el menor pampeano y se emitió una alerta internacional.

A raíz de esa información, la Fiscalía Federal de Santa Rosa ordenó una serie de medidas para determinar el alcance de los intercambios virtuales y establecer si existió algún tipo de planificación o coordinación vinculada a posibles acciones de carácter terrorista.

En ese marco, se realizó un allanamiento en la vivienda del adolescente, donde fueron secuestrados teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos informáticos que ahora serán sometidos a peritajes técnicos y científicos.

La defensa de la familia está a cargo del abogado penalista Fernando Palazzo, quien solicitó informes psicológicos e informáticos con el objetivo de aportar elementos que permitan esclarecer la situación.

Por tratarse de un menor de edad, la causa se maneja bajo estricta reserva judicial y no trascendieron mayores detalles sobre el contenido de las comunicaciones ni sobre la naturaleza exacta de la investigación.

Además del proceso judicial, distintos organismos del Gobierno provincial intervienen en el abordaje integral del caso. Participan el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Dirección de Niñez, la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, Educación y la Policía de La Pampa, en el marco de las medidas de protección y acompañamiento previstas por la legislación vigente.

Agencia Santa Rosa