En medio de un amplio menú de opciones, que puede haberse alterado con las idas y vueltas de fines de la semana pasada, la jueza podría aceptar el stay, un freno momentáneo a su propia decisión.
Puede hacerlo sin más o pedir garantías para conceder el beneficio. Eso es igual a un depósito de dólares u otros activos. Sería un problema porque en situaciones anteriores el Estado no optó por conceder ese tipo de garantías y, además, Burford argumenta que buscó, pero no encontró en otros países activos locales que puedan ser embargados.
Un paso más sería, directamente, exigirle al país esa garantía: el no cumplimiento inmediato representaría un desacato. En ese escenario de máxima con “condiciones”, están centradas las preocupaciones del Gobierno, como quedó plasmado en una de las presentaciones de la semana pasada.
“La última vez que Argentina estuvo en desacato con una corte de EEUU ya estábamos en default. Cristina Kirchner era presidenta y el impacto a nivel mundial fue mínimo porque estábamos aislados del mundo. Ahora sería diferente. Entiendo que antes van a tratar de frenar el tema, si no es negociando con algún depósito. Es correcto agotar todas las vías legales, pero mientras tanto se debería hacer algún tipo de control de daños. No es debilidad sentarse a negociar, todo lo contrario. Es mostrar que interesa resolver un problema”, destacó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, uno de los especialistas que sigue el caso desde su inicio.
“Alimentan los buitres con la mano. Argentina no va a renunciar a su derecho a la defensa. Vamos a agotar todas las instancias judiciales para defender los intereses de todos los argentinos”, explicaron fuentes oficiales.
Hay otra opción intermedia que podría estar sobre la mesa: una suerte de garantía “congelada”: se deposita una suma importante en bonos en lo que se llama una escrow account (una cuenta especial en EEUU que maneja la Corte) y se frena la entrega de acciones hasta que haya una resolución o una eventual negociación. No es un pago y requiere de autorización del Congreso.

“Buitres domésticos”

En medio de las tensiones y el malestar creciente por el caso, el Gobierno puso en la mira a quienes denomina “buitres domésticos”. Políticos, analistas, empresarios y exfuncionarios integran la lista. El más notorio de los señalados por LLA es el gobernador Axel Kicillof, quien como viceministro de Economía encabezó la expropiación en 2012 y días atrás defendió el proceso que terminó en la condena multimillonaria.
“Alimentan los buitres con la mano. Argentina no va a renunciar a su derecho a la defensa. Vamos a agotar todas las instancias judiciales para defender los intereses de todos los argentinos”, prometen desde Casa Rosada.
“Son indignantes las operetas de los ‘buitres domésticos”. Deberían llamarse a silencio. En la presentación que hacen los demandantes hay un anexo enorme donde, textualmente, van poniendo lo que dijo Kicillof. Usan su defensa en contra del país, parecen no necesitar otros argumentos. Además, por distintas vías, se intenta instalar que hay grietas entre los funcionarios que están a cargo de fijar las estrategias para este caso y ocurre todo lo contrario, hay un gran trabajo en equipo y alineación total”, agregaron.
Cerca de Burford están convencidos de que el Gobierno, en algún momento -piensan que será más temprano que tarde- deberá entablar algún tipo de negociación. Y no dejan de estar sorprendidos, a pesar de los años transcurridos, de que no se haya hecho antes. “Se sentaron con los bonistas, con el FMI, con todos. Burford no es un fondo buitre y tienen una sentencia multimillonaria a su favor. Quieren mostrar los dientes y es un Gobierno presionado, pero en algún momento van a tener que conversar”, dijeron allegados.