El PAMI es la obra social más grande del país. Brinda cobertura médica a más de 5 millones de afiliados, lo que justifica su elevado presupuesto y su relevancia dentro del sistema de salud pública argentino.
En 2024 contó con un presupuesto total que superó los 5 billones de pesos. Para ponerlo en perspectiva, el presupuesto del PAMI es comparable al de otros organismos nacionales de gran envergadura, como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que también maneja fondos significativos destinados a prestaciones sociales.
En la actual gestión de Javier Milei, el titular del organismo es Esteban Leguizamón. Es médico pediatra, especializado en salud pública y auditoría médica.
En el gobierno de Alberto Fernández, la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados fue la licenciada en ciencias políticas y dirigente de La Cámpora Luana Volnovich. Las graves irregularidades detectadas por la SIGEN, a cargo del contador público Miguel Carlos Blanco, recaen sobre el último año de gestión de la administración del Frente de Todos, hoy Unión por la Patria.
El trabajo de los síndicos revela además importantes irregularidades y deficiencias en la Subgerencia de Discapacidad y Salud Mental, uno de los sectores que debería ser prioridad.
Eugenio Semino, señaló múltiples falencias en las prestaciones del PAMI, destacando que la salud mental “no tiene atención” y que “pareciera ser que en Argentina no existe”.

“Pagos sin respaldo”

SIGEN advirtió pagos sin respaldo, fallas en prestaciones y afiliaciones sin control en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados: el perjuicio económico supera los $16.000 millones como resultado de pagos sin documentación respaldatoria, recuperos no ejecutados, anticipos sin control y contrataciones irregulares.

Funcionamiento débil

Califica su funcionamiento como “débil”, afectando la integridad de los procesos contables, médicos y administrativos. También se acreditaron pagos sin respaldo y control ineficiente: El PAMI realiza pagos a prestadores médicos sin contar con las facturas electrónicas exigidas, apoyándose en documentos internos denominados “Facturas Únicas”.
Este mecanismo, subraya SIGEN, “priva de un adecuado respaldo documental a los asientos contables del Instituto”. En muchos casos -se explica-, se omiten controles y las transferencias se aprueban sin revisión formal. A eso se suma una acumulación de expedientes de pago sin archivar ni auditar.
Según anunció el vocero presidencial Manuel Adorni y el titular del organismo:
1) Recetas: Mejora en la seguridad de los datos del paciente. De esta manera -explicaron desde el Instituto-, “se evita la generación de recetas apócrifas, las cuales eran comunes en el sistema anterior”.
2) Modificación del sistema de compras: La gestión de Esteban Leguizamo también modificó el mecanismo de compra de efectores propios.
“Existían irregularidades como la sobrefacturación de más de 3.5 millones de pañales y la carterización y reventa ilegal en farmacias y sitios de venta online”.
 “Durante el último año se han registrado más de 13 mil reclamos donde las dificultades más frecuentes son la falta de entrega de productos a los afiliados y las demoras en las farmacias cuando van a retirarlos”.

Una auditoría que revela graves irregularidades

Un punto central del informe de la auditoría de la SIGEN a la que accedió este medio e identificada como IF-2025-56072376-APN-GCSS#SIGEN, hace hincapié a los débitos por servicios no cumplidos o mal prestados, que no son recuperados en tiempo y forma. “Entre diciembre de 2019 y diciembre de 2022, el Instituto solo logró recuperar $779.947.806,20, mientras que los montos pendientes de recupero ascienden a $2.426.752.337,62?, destacó el informe.
También identificó: “Prestaciones sin sustento, contratos desactualizados y riesgos en la atención en el área médica‘, el control sobre los prestadores fue calificado como “deficiente”.
Además, el régimen de penalidades para sanatorios y efectores que incumplen con la atención de los afiliados “está desactualizado desde 2019, y aún no se ha implementado el nuevo esquema normativo establecido por Resolución 1304/2019.