Tal cual lo ha reflejado este diario en otras oportunidades, el tema de encontrar una vivienda para alquilar representa un problema para muchos. Esta situación se viene registrando desde hace más de un año y eventualmente no mejoraría.

“Teniendo en cuenta los valores que se manejan actualmente, es que los inquilinos no sienten que haya una relación entre los sueldos y lo que se paga por el alquiler de una vivienda, esto sucede porque que la inflación es muy alta, lo que llevó a que los valores de la construcción también aumenten mucho, al no haber propiedades juega la oferta y la demanda y los valores comienzan a subir”, explicó una de las fuentes consultadas.

Reflejaron además que la mayoría de las inmobiliarias locales cuentan con una lista de espera y que hay personas que ante la situación “se van adelantando, y aunque están alquilando, llaman preguntando por la disponibilidad y buscan de manera anticipada por miedo a que cuando finalicen sus contratos, no consigan nada; actualmente la demanda duplica la oferta”, expresó otra referente del medio.

También mencionaron que posiblemente luego de la entrega de viviendas sociales, se pueda conseguir “alguna vivienda o departamento, suele suceder, pero con la cantidad de gente que está buscando, no sabemos si esto completará la demanda”.

Otro de los puntos señalados por referentes del sector es que “varios propietarios decidieron no alquilar más sus propiedades, ya que consideran que los valores no les representan ninguna ganancia, por lo que muchos las ofrecen para la venta”.

Ley de Alquileres

Las personas consultadas coincidieron en la necesidad de que se modifique la actual Ley de Alquileres, ya que consideran que “no fue beneficiosa para ninguna de las partes” y que “para el inquilino, el alquiler inicia con un monto muy alto, a los tres meses ya es bajo, ahí se acomodó un poco pero el propietario pierde; al año, cuando se le ajusta, es un golpe tremendo al bolsillo porque los aumentos son casi el doble del monto; no llegó al cien por cien, pero está muy cerca”.

“El problema es que el valor de un alquiler no se relaciona con los sueldos, ya que, por ejemplo, un empleado de comercio que gana 150 mil pesos no consigue un alquiler por menos de 40.000 pesos, hablando de un departamento estándar básico; y una casa para una familia de cuatro personas no se consigue por menos de 70 mil pesos”, graficaron.

Indicaron que el anuncio del gobierno nacional de modificar la ley generó que “un montón de personas consulten, tanto propietarios como inquilinos; la respuesta que damos es que no se sabe nada concreto y en lo que resta del año nos vamos a seguir manejando igual, con contratos a tres años, con aumentos de manera anual, con el porcentaje que indica el Índice para Contratos de Locación (ICL), que dicta el Banco Central”.

Finalmente deslizaron que “la idea es poder volver a la ley anterior, en donde los contratos se hacían cada dos años y los aumentos, cada seis meses; de hecho hay contratos que se vienen arrastrando desde 2019 y se respetan, porque por más que cambie la ley, si hay un contrato vigente se respeta hasta que termine el mismo”.

Modificaciones

En 2019 se aprobó en la Cámara de Diputados la nueva Ley de Alquileres (27.551) con amplio consenso. Tras un extenso y profundo debate, todas las fuerzas políticas coincidieron en que el modelo de alquileres había fracasado y que correspondía robustecer los derechos de millones de inquilinos de todo el país. Al año siguiente, la Cámara de Senadores -también con amplia mayoría- convirtió en ley a la iniciativa.

Dentro de los beneficios que trajo la nueva Ley de Alquileres para inquilinos se cuentan: plazo mínimo de tres años, un ajuste anual determinado por variación inflacionaria y salarial, tope de depósito de garantía equivalente a precio inicial de alquiler mensual, se aclaró que no deberían pagar expensas extraordinarias ni impuestos inmobiliarios sobre la unidad alquilada, la posibilidad de rescindir el contrato sin penalidad y más opciones para garantías.

Desde el oficialismo manifestaron que “la ley no debe ser derogada sino mejorada, y entre las mejoras se pretende generar un mercado más transparente, favorecer el acceso a garantías/cauciones y alquileres de monotributistas e impedir -con topes- aumentos y precios irrazonables. Además, proveer incentivos y beneficios impositivos a propietarios”.