Un país o mercado emergente es aquel que se encuentra en transición, aumentando su actividad económica y acortando distancias con las economías más industrializadas. Las empresas o compañías emergentes (también conocidas como startups) son negocios jóvenes con un alto potencial de crecimiento.

Cuando el gobierno libertario, allá por los inicios de su mandato en el 2023, señaló que tenía un programa sustentado en el trabajo de ajuste, achique, privatización y eliminación de estructuras tradicionales, según el panorama elaborado por quien hoy se desempeña como ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fueron muchos los que pensaron que, ese, era el principio del gran cambio.

La transformación se suponía una mejoría, no lisa y llanamente la destrucción de lo existente para, sobre los escombros, comenzar a elaborar algo nuevo.

En ese principio sobresalió el fenómeno de creer y tener esperanza, aspectos que en gran medida fueron los fracasos de una política paternalista que convertía en millonarios a los que detentaban el poder y a los pobres e indigentes en herramientas utilizables para lograr músculo electoral, fue un escenario que tras dos años y medio de mandato fue desapareciendo, dando lugar a la imperancia del libre mercado y a la balanza de lo privado como elementos de construcción para un nuevo país, pero para pocos.

Se está en una franca demolición de las Pymes, en la creciente pérdida de la industrialización, cierre de empresas que no han podido hacer frente al ingreso irrestricto de la competencia extranjera, sustentada en la eliminación arancelaria, que colocó la producción entrante en ventajas claras sobre la local y eso motivó la reconversión y, naturalmente, desempleo, y para más de 25 mil empresas el cierre definitivo.

La tristemente famosa motosierra fue haciendo estragos en los niveles medios de una sociedad que no estaba preparada para afrontar ese desafío. Como un efecto “cascada” cayó el consumo a niveles impensados y en vez de causar temor por el quebranto del tejido social, lo veían las autoridades como el resultado exitoso de su planificación.

Sin demasiados análisis se inició la tarea de -según los libertarios- eficientizar los organismos descentralizados del gobierno y con simultaneidad la reconversión del desarrollo universitario, escalón indispensable para obtener nuevas generaciones formadas para enfrentar un futuro tecnológico que sorprende mundialmente.

Detrás de esa actividad, sin demasiados análisis y estudios que previeran los efectos y el daño que podía producirse al restarle recursos para su normal desenvolvimiento, se comenzaron a caer el INTA, el INTI, CONICET, CNEA, SENASA, NASE (Semillas), e INIDEP (Pesca), INV (Vitivinicultura), INPI (Propiedad Industrial), e INCAA (Cine), los más conocidos entre los 110 apuntados por la normativa de reducción y cese definitivo.

De esta manera se fue logrando, según la operativa gubernamental, un Superávit Fiscal y acercarse a un Déficit cero, que entrañaba un costo de una enorme magnitud y daño social que se encargaron de minimizar con un relato que ahora la realidad ha colocado en un primer plano.

Bajo los efectos de esta “barredora” se ha iniciado una segunda etapa, mucho má profunda y con un daño irreparable, colocando a pueblos que se sentían sumados al crecimiento y progreso de las grandes urbes a volver a estar olvidados y a tener que apelar a traslados de entre 60 o 100 kilómetros para alcanzar la conexión que les brindaba el servicio de Correos y Telecomunicaciones.

Hoy ya son más de 300 los correos cerrados en todo el país y están en cartera 600 más, que se encuentran en gestión de jubilaciones anticipadas, traslados de empleados, o dejado sin trabajo a miles de trabajadores que se venían desempeñando y cumpliendo un servicio que lograba acercar a las sociedades de pueblos alejados de centros urbanos más conformados.

El escenario -que no es el único- se suma a los 6 mil retiros voluntarios y 300 despidos que se produjeron en el marco del plan de achicamiento. El objetivo final es privatizar la empresa a través de la venta del paquete accionario, por un lado, y también vender los edificios donde funcionan las sucursales.

Esa destrucción masiva que prohija la generación de libre mercadismo, promueve claramente que solo aquellas poderosas organizaciones de solvencia económica y organizativa puedan comenzar a ser las que pongan las condiciones de su utilización, que deberá ser sastisfactoria financieramente para que tengan continuidad.

Una realidad que compromete la condición de emergente que sustenta Argentina y la pone en línea como una colonia dependiente de los más poderosos: el gran mercado mundial y, en nuestro caso, la transferencia del poder económico a las decisiones de los EEUU, país del primer mundo del cual dependemos por así haberlo concretado el presidente libertario-anarcocapitalista Javier Milei.

Vale la pena pensar qué país quieren los argentinos. El que promueve destrucción de aquello que nos dió una estructura de Nación emergente o volver a ser una colonia, ahora dependiente del poderoso del Norte.

Eso solo lo decidirá la sociedad en su conjunto.