El debate se desarrolló en una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, presididas por los senadores Agustín Monteverde (La Libertad Avanza) y Alicia Kirchner (Justicialista), respectivamente.
La propuesta establece un esquema permanente de financiamiento para las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, contempla mecanismos de control y fija un cronograma para regularizar las deudas con los prestadores del sistema.
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó el consenso alcanzado entre los distintos espacios políticos para avanzar con el proyecto.
“Este proyecto busca dar una respuesta a las personas con discapacidad, generar previsibilidad en el tema y así se ha generado un encuentro en torno a este proyecto de ley, después de muchos desencuentros”, sostuvo durante el plenario.
La legisladora también defendió la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización sobre las prestaciones y evitar irregularidades en el sistema.
“El sistema debe contar con auditorías y controles transparentes para garantizar que las prestaciones lleguen a quienes las necesitan y evitar irregularidades”, señaló.
En ese sentido, Bullrich destacó la incorporación de procedimientos más ágiles para que los beneficiarios puedan presentar descargos ante eventuales suspensiones y de herramientas para intervenir frente a posibles situaciones de fraude.
También hizo hincapié en la responsabilidad del Consejo Federal de Discapacidad, las provincias y los municipios en el seguimiento de las prestaciones. “Esto no es un plan social, esto es una pensión por discapacidad”, remarcó.
La senadora sostuvo que el nuevo esquema debe garantizar previsibilidad para las personas con discapacidad y sus familias, mediante financiamiento definido, controles efectivos y respeto por la autonomía de cada beneficiario.
Pese al avance del dictamen, distintos sectores de la oposición expresaron reparos sobre el procedimiento de elaboración de la iniciativa. La senadora cordobesa Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, cuestionó que el proyecto no haya sido discutido previamente con los organismos y las organizaciones vinculadas con la discapacidad.
Por su parte, la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio también cuestionó la política del Gobierno hacia el sector. “Las personas con discapacidad fueron muy maltratadas por este Gobierno desde hace ya tres años”, afirmó.
Con el dictamen conseguido, la iniciativa quedó encaminada hacia su tratamiento en el recinto. La intención del oficialismo es incluirla en la sesión del próximo 19 de noviembre y avanzar con su sanción definitiva antes del cierre del período ordinario de sesiones.
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