Luego del revés frustró las designaciones por decreto de los jueces Ariel Lijo y Manuel José García-Mansilla, el Gobierno volverá a la carga con la reforma de la Corte Suprema. El miércoles, el Senado reactivará la discusión en un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia. 

Sobre la mesa se desplegarán ocho proyectos distintos, entre ellos, el presentado recientemente por el senador salteño Juan Carlos Romero -aliado del oficialismo- que propone elevar a siete el número de cortesanos. Los libertarios ven con buenos ojos la iniciativa, aunque buscarán asegurarse una mayoría propia. 

Las negociaciones corren el riesgo de diluirse entre la profundidad del debate jurídico y la cercanía de las elecciones legislativas, que podrían modificar el equilibrio de fuerzas en ambas cámaras y reconfigurar las condiciones de la negociación.

También existen otros proyectos que pretenden llevar la composición de la Corte a nueve haciendo énfasis en la paridad de género; hasta en el temario aparece el proyecto de la kirchnerista Silvia Sapag, aprobado en la Cámara alta en 2022, que eleva el número 15 jueces.

La reunión está prevista para las 13:00 y será de carácter netamente informativo. Además, al término de la discusión por la Corte, pasarán a tratarse otros proyecto vinculados sobre la conformación de la Auditoría General de la Nación. 

Esta vez el escenario es distinto y el Gobierno mira la reforma como una vía posible, aunque sujeta a una condición innegociable: asegurarse el control del nuevo esquema y un número de jueces que responda a su arquitectura política. Sin apuro, apunta a discutir la ampliación cuando cambie la composición del Senado. El plan, por ahora, es sembrar el terreno y esperar a diciembre.

Desde el bloque que conduce Cristina Kirchner en el Senado niegan que haya negociaciones en curso con el Gobierno. Cerca de la expresidenta, analizaron el nuevo movimiento del gobierno como una maniobra más para diluir a Macri, “después del fracaso con Lijo y García-Mansilla la única salida para el gobierno es ampliarla para meter candidatos propios”. 

Esto indicaría que LLA podría estar buscando blindarse del poder de daño de un Mauricio Macri herido en un futuro no muy lejano. “Están haciendo tiempo para llegar a la próxima elección. Hoy no hay ninguna posibilidad de elegir nada”. Los nombramientos en la Corte requieren una mayoría de dos tercios, y con la composición actual, Unión por la Patria retiene 34 senadores sobre 72. “La verdadera negociación será cuando se sepa cuántos porotos reales tiene cada uno”, concluyeron.

Dentro de las iniciativas que se discutirán, UxP lleva dos propuestas propias. La primera, de la rionegrina Silvia Sapag, propone elevar a quince el número de jueces. La segunda, de la salteña Nora del Valle Giménez, suma a la ampliación un criterio claro de paridad. 

También figuran en el temario los proyectos de la neuquina Lucila Crexell, la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal) y el catamarqueño Flavio Fama (UCR). Será precisamente Vigo, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien modere la discusión. Varias espadas con experiencia parlamentaria advierten que el debate podría extenderse durante lo que queda del año electoral. 

En paralelo, en la misma comisión comenzará a discutirse la situación de la Auditoría General de la Nación, hoy paralizada tras el vencimiento de tres vacantes correspondientes a cada cámara. El tema había sido incluido -sin éxito- en la última sesión fallida en Diputados, por impulso de Martín Menem, pero no se alcanzó el quórum. Ahora, el Senado intentará retomarlo. 

Algunos jefes de bloque buscan entrelazar la discusión por la ampliación de la Corte con los otros casilleros pendientes del tablero institucional: el nombramiento del procurador, el defensor del Pueblo y los auditores de la AGN. Todo en la misma jugada.