Luego de que la administración libertaria publicara en el Boletín Oficial el decreto reglamentario 780/2024 que modifica la Ley Nº 27.275 sobre el pedido de acceso a la información pública, los conducidos por Mauricio Macri hicieron público su rechazo a esa decisión.
“Esta ley es fundamental para la ciudadanía, ya que garantiza un derecho esencial en cualquier democracia: el acceso libre y sin restricciones a la información pública”, argumentaron respecto a la ley que se sancionó bajo la presidencia de Cambiemos.
En la misma línea, aclararon: “Este derecho no solo promueve la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también le brinda a los ciudadanos un mayor control y supervisión sobre las acciones del Estado”.
“Alterar esta norma por la vía reglamentaria sin el debido consenso representa un retroceso en términos de transparencia y control público, elementos esenciales para el bien funcionamiento de nuestra democracia”, puntualizaron.
El Poder Ejecutivo implementó una serie de cambios en el acceso, y a través de la redefinición de la terminología, limitó al acceso a la información privada.
“No se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7º de la Ley Nº 27.275 y su modificatoria”, especificaron entre otras modificaciones.
La UCR
El bloque de diputados de la UCR presentó hoy un proyecto de declaración en rechazo a las modificaciones en la ley de acceso a la Información Pública que el Gobierno oficializó por decreto días atrás. Para la UCR, se trata de una cuestión de “índole legislativa” por lo cual está “estrictamente reservada al Congreso”.
Por lo tanto, en su criterio, el oficialismo está incurriendo “en una grave afectación a la división de poderes” y “una lesión al derecho humano de saber sobre las cuestiones públicas”.
El proyecto, dirigido al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sostiene que se trata de un “nuevo hecho de suma gravedad para la calidad democrática” de Argentina.
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