El ejercicio del “Yo no fui” y comenzar a buscar a quién responsabilizar, es una metodología de vieja data, que sigue siendo utilizada para mostrar que son impolutos o que se busca -con un comentario- desfigurar y o transformar una imagen política determinada.

Para defenderse de aquello que se suponen ataques infundados y se los desconoce, como el derecho a pensar diferente y poder expresarlo, se hace valer la incidencia que tiene el poder para contrarrestarlos.

A pocos gobernantes les ha gustado que un sector del periodismo no fuera sumiso y se prestara a defender a cualquier costo la imagen y los actos que desarrollan en la actividad pública. 

Es importante señalar que no se recuerda una figura presidencial que hiciera uso del insulto, la denostación, la acusación abierta y expresiones de cualquier tono como las que utiliza el presidente libertario-anarcocapitalista Javier Milei, para quien ponerle nombres a colegas por considerarlos “econochantas”, “inútiles”, “incapaces” entre otros epítetos como “hijos de puta”, indicando que: “les rompimos el orto”, entre otras lindeces, y que las debemos considerar como normales.

Por el contrario, cuando sectores del periodismo a los que acusa de “ensobrados”, “genuflexos”, “prostitutas de los políticos” y dice: “Si odiás al político, al periodista odialo más porque cobran por hacer lo que el político no hace. Son calumniadores e inquisidores”; esos están cometiendo delitos.

El presidente Javier Milei denunció a los periodistas Carlos Pagni, Viviana Canosa y Ari Lijalad por presuntas “calumnias o falsa imputación” e “injurias” y aseguran que tiene más en la lista. 

Es indudablemente una manera de “marcar la cancha” haciendo uso del poder que le confiere el cargo de presidente de la Nación.

Aquello que expresa la figura libertaria que comanda el sector de LLA es considerado como una forma de ser del presidente. “El es así, dice lo que piensa”, dijo en su defensa el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y lo reiteran Manuel Adorni, Patricia Bullrich, entre otros.

Es una manera extraña de evaluar y tener certeza sobre cuáles son las actitudes normales, aceptables, sin considerarlas exabruptos y encasillar aquello que piensan otros, llámese periodistas, ciudadano, ciudadana de a pié, como una ofensa a la investidura presidencial y que deben ser enjuiciados.

Si el presidente tiene un marco legal que lo coloca por encima de la sociedad y puede permitirse tener acciones vejatorias hacia quienes él considera que son sus enemigos, los derechos de la ciudadanía que no comparte sus posicionamientos y que están protegidas por el derecho de la libre expresión y pensamiento; ¿Dónde están?
De conculcarse esos derechos estaríamos frente a un manejo discriminatorio, que rompería el sano equilibrio de la Democracia y provocaría que entráramos en el terreno de un autoritarismo disfrazado que ponga en riesgo la institucionalización del país.

Pero es evidente que el presidente Javier Milei no acepta que alguien disienta con sus acciones. Esos son enemigos y hay que “destruirlos”, lo ha mencionado en diferentes oportunidades.

Tener pensamiento propio u obrar de acuerdo al criterio de cada uno, no está permitido en el pensamiento mileista. Lo ha subrayado: “De este lado quienes están conmigo y enfrente los enemigos”.

Son inclusive sus propios funcionarios quienes pagan el precio de pretender hacer valer sus opiniones. 

Hoy la “guerra” está planteada contra el periodismo que no acepta el condicionamiento gubernamental. Hay quienes sí lo hacen y el presidente libertario les abre las puertas de su despacho, les da posibilidades de entrevistas “pautadas”, en definitiva están a su servicio. 

Eso es criticable: Sí. Pero también es humano y ha ocurrido a lo largo de la historia.

Es difícil saber la valoración de la Justicia ante las denuncias que el presidente Milei radicó, con el asesoramiento del abogado Francisco Oneto y que han caído en los despachos del juez Daniel Rafecas las presentadas contra Pagni y Lijalad, en el caso de Canosa, la denuncia quedó a cargo del juez Sebastián Ramos.

Este escenario arroja incertidumbre en quienes, desde un punto de vista diferente, equivocados o no, pretenden informar con su verdad. Esta situación coloca a la profesión en la disyuntiva de mantener su conducta, haciendo honor a lo que profesan o entregarse dócilmente para no sufrir las contrariedades a las que los someterá la investigación judicial. Una difícil decisión.

Hoy el camino de la autenticidad periodística está en la picota.