El escrito sostiene que “las y los Diputados del Parlamento Patagónico de la Patagonia Argentina, manifestamos nuestro categórico repudio a la política de desarticulación estatal y transferencia regresiva de recursos impulsada por el Gobierno Nacional de Javier Milei. Esta orientación, lejos de procurar la eficiencia pública o el bienestar social, configura una estrategia deliberada de reconfiguración del Estado que socava los pilares del federalismo, la soberanía nacional y el desarrollo equitativo de las regiones, impactando de manera crítica en la matriz socioeconómica de la Patagonia”.
Agrega que “la pretensión de disolver la Dirección Nacional de Vialidad, junto con la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, a lo que se suma el cierre de sucursales del Banco de la Nación Argentina, no constituye una mera reforma administrativa. Se trata de una decisión de profundo calado político que desmantela organismos de rol estratégico, esenciales para la infraestructura, la logística y la investigación aplicada que vertebran la cohesión territorial y productiva de la Nación. Estas instituciones representan la manifestación concreta de la presencia del Estado Federal en la articulación de políticas públicas fundamentales, cuya eliminación condena a regiones como la Patagonia, históricamente dependientes de la inversión y la coordinación central, a una mayor marginación y vulnerabilidad estructural”.
Asegura que “este proceso de vaciamiento se ve potenciado por la implementación de instrumentos legislativos y normativos que consolidan un modelo de desregulación y precarización. La eliminación de subsidios específicos para el gas en zonas frías, amparada en facultades delegadas, ha provocado un incremento desproporcionado en los costos energéticos para los hogares y actividades económicas patagónicas, incidiendo directamente en la inflación regional y la capacidad adquisitiva de la población en un contexto climático de extrema severidad”.
“Asimismo, el desfinanciamiento y la paralización de programas y organismos con injerencia directa en el desarrollo productivo patagónico, como los vinculados al INTA, comprometen la investigación, la innovación y la asistencia técnica a productores, generando un detrimento irrecuperable en nuestras economías regionales. La interrupción abrupta de la obra pública a nivel Diputadas y Diputados de las Legislaturas y del Parlamento Patagónico nacional, sumada al incumplimiento sistemático de la Ley de Combustibles en lo que respecta a la afectación de recursos para infraestructura vial -fondos que se recaudan, pero no se invierten-, evidencia una maniobra de desfinanciamiento intencional de las provincias y de los organismos viales, comprometiendo la seguridad y la conectividad regional”, resalta.
Manifiesta además que “paralelamente, las reformas laborales impulsadas profundizan la precarización de las relaciones de trabajo, flexibilizando las condiciones de contratación y de despido, lo que impacta negativamente en la estabilidad laboral y los derechos adquiridos por los trabajadores patagónicos, debilitando la capacidad de negociación colectiva en sectores económicos estratégicos para nuestra región”.
“La propuesta de privatización o liquidación de empresas públicas como Aerolíneas Argentinas y el Correo Argentino, que garantizan conectividad aérea y logística en una geografía vasta y dispersa como la patagónica, no es solo una medida económica, sino un ataque a la integración territorial y a la cohesión social, condenando a numerosas comunidades al aislamiento y a la dependencia de servicios privados de acceso restringido y mayor costo”, añade.
También sostiene el comunicado: “Mención especial a la Sociedad Anónima creada en la Empresa de Bandera YCRT, la cual han manifestado públicamente la intención de privatizar, poniendo en riesgo la soberanía territorial, y el trabajo de miles de familias”.
“El ataque directo a las Universidades Nacionales poniendo en riesgo la formación de los futuros profesionales como así también el acceso a la educación superior por parte de nuestros comprovincianos. Apoyamos la educación pública y el desarrollo de nuestras Casas de Altos Estudios con la bandera de la igualdad de oportunidades y la justicia social”, recalca.
A modo de conclusión sostiene: “En síntesis, la actual política gubernamental no se limita a una reforma del Estado; constituye una demolición planificada de las bases del desarrollo nacional y federal, anclada en una visión economicista que desconsidera las particularidades territoriales y las necesidades sociales. Es un ataque directo al futuro de la Argentina, a sus provincias y al esfuerzo histórico de sus trabajadores. Los recursos generados por la actividad económica nacional deben revertir en el bienestar de la ciudadanía y no en la construcción de un superávit fiscal ficticio que se traduce en abandono social y desinversión productiva”.
“Desde la Patagonia alzamos nuestra voz en defensa irrestricta del federalismo, de la obra pública como motor de desarrollo equitativo, y del Estado como garante ineludible de derechos y oportunidades para todos y todas”, concluye el escrito.
Entre los firmantes se encuentran los legisladores pampeanos Espartaco Marín, María Luz Alonso, Silvina Larreta, Federico Ortiz, Marcela Páez, Martín Balsa, Hernán Pérez Araujo, Liliana Robledo, Daniel Lovera, Noelia Sosa Godoy, Juan Barrionuevo, Ana Carolina Giussi, León Nicanoff, Patricia George, César Montes de Oca, todos del FreJuPa.