Para evitar la continuidad de las bandas narcos, se solicita que las autoridades pidan al Poder Judicial que declare a esta ciudad “zona sujeta a investigación especial”.

En el escrito, firmado por Patricia Bullrich, destaca que de esta manera se les entregará a las fuerzas de seguridad y a la Justicia Federal “mayores herramientas para la lucha contra el crimen organizado”.

“Que el crimen organizado constituye una amenaza grave para la seguridad nacional y el orden público que demanda respuestas urgentes y contundentes por parte de los distintos actores del Estado involucrados en la prevención, la investigación y la represión de la criminalidad organizada”, sumaron.

Asimismo, sostienen que la colaboración y el intercambio de información “facilitan el desarrollo de una estrategia más efectiva que contemple aspectos vinculados con la prevención, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables de delitos de crimen organizado”.

Las autoridades detallaron que la medida entra en vigencia desde este viernes tras la publicación en el Boletín Oficial.

En marzo de este año el Poder Ejecutivo promulgó, mediante el decreto 177/2025, la Ley de Organizaciones Criminales Nº 27.786.

La misma tiene como objetivo “brindar al Estado herramientas en materia de investigación y sanción de organizaciones dedicadas al crimen”.

Las organizaciones se entienden por tales a los grupos de tres o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves (artículo 1º).

El Senado sancionó la denominada ley Antimafia en febrero, acompañada por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, Las Provincias Unidas y espacios federales.

Se trata de una iniciativa que propone la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado. Establece el abordaje integral del crimen organizado: se aplicará en delitos que involucren el narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de órganos, tenencia ilegal de armas y explosivos.

Una de las principales modificaciones es que se contempla una condena de 8 a 20 años de prisión o reclusión, por la mera pertenencia a la asociación ilícita que cometa ese delito. 

En ese sentido, se establece que la pena por el delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella.