Luego de un arduo camino en el Congreso, este lunes, el Presidente, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron los dos decretos para que las legislaciones comiencen a entrar en vigencia.

Declaración de emergencia

En el artículo 1º de la Ley Bases se expresa: “Declárase la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año. Deléganse en el Poder Ejecutivo nacional las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia”.

Cambios en la relación con el Estado

La Ley Bases propone un nuevo esquema en la interacción entre los ciudadanos y la administración pública. Según el texto de la legislación, se busca garantizar ciertos derechos a las personas. Bajo el título “eficiencia burocrática”, la administración pública no podrá solicitar documentos o informes que ya hayan sido presentados en algún momento, como en el trámite del Certificado Único de Discapacidad, para lo que ya no será requerido presentar una copia del DNI.

Impacto en la situación de los empleados públicos

Los empleados de organismos del Estado sujetos a reestructuración podrán ser puestos en disponibilidad por un máximo de un año. Si no son reasignados en este plazo, serán desvinculados con una indemnización basada en su mejor salario mensual y su antigüedad.

Se prohíben durante el horario laboral actividades vinculadas a campañas electorales y partidistas, y se establece que el derecho a huelga no podrá ser tomado como un elemento causal de despido, aunque sí se podrá descontar el día a aquellos empleados que paren.

Relaciones laborales entre privados

Se introduce un período de prueba de seis meses para nuevos empleados, ampliable a ocho meses o un año dependiendo del tamaño de la empresa. Participar en bloqueos o tomas de la empresa será considerado como injuria laboral grave y justificación para el despido.

También se plantea un fondo de cese laboral como alternativa a las indemnizaciones, financiado con un aporte mensual del empleador que no supere el 8% del salario. 

Obras Públicas

Las obras públicas financiadas por el Estado que superen los $10.000 millones serán canceladas salvo aquellas con avance de ejecución del 80% o más, o que posean financiamiento internacional, afectando infraestructuras como rutas, hospitales y escuelas.

Modificaciones en Ganancias y Bienes Personales

El paquete fiscal establece una reversión del impuesto a las Ganancias donde el mínimo no imponible será de $1.800.000 brutos para los solteros y de $2.200.000 para los casados con hijos. 

En el caso del impuesto a los Bienes Personales, el mínimo no imponible se elevará, eximiendo a quienes posean bienes por debajo de los $100 millones. 

Monotributo

En cuanto a los monotributistas, sus escalas y montos de facturación se incrementarán hasta un 400% desde julio. Las cuotas a pagar subirán en la misma proporción, actualizándose semestralmente según el índice de precios al consumidor. 

Nuevo régimen para grandes inversiones

Las empresas que operen en sectores como la forestoindustria, la infraestructura, la minería, la energía, la tecnología, el turismo, la siderurgia, el petróleo y el gas tienen la oportunidad de inscribirse en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), destinado a fomentar grandes inversiones.

Blanqueo de capitales

El nuevo régimen de regularización de bienes y activos no declarados estará vigente hasta el 30 de abril de 2025, con una posible prórroga hasta el 31 de julio del mismo año. Este régimen permitirá a las personas que posean capitales fuera del control del Estado adherirse al blanqueo de sus activos.