La Cancillería informó que entregó una nota a la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la que expresó su “enérgico rechazo” a las decisiones anunciadas por las autoridades de las islas. El Ejecutivo sostiene que cualquier actividad hidrocarburífera en la zona requiere autorización argentina.

Según el comunicado, la exploración y explotación unilateral de recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina resulta, para la posición argentina, contraria al derecho internacional y vulnera sus derechos soberanos. La Cancillería recordó además la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a evitar modificaciones unilaterales mientras permanezca pendiente la disputa.

El Ejecutivo remarcó que toda actividad hidrocarburífera sobre la Plataforma Continental Argentina que no cuente con autorización de las autoridades nacionales constituye un “acto ilícito”, tanto bajo la legislación argentina como, según la posición oficial, frente al derecho internacional.

En ese sentido, el comunicado mencionó las leyes 26.659 y 26.915 y el Decreto 868/2026, y ratificó que la Argentina no reconoce a otra autoridad para conceder permisos, participaciones o extensiones de licencias vinculadas con hidrocarburos en la zona. La legislación argentina establece la necesidad de contar con permisos nacionales para esas actividades y prevé sanciones ante incumplimientos.

El Gobierno aseguró que utilizará “todas las herramientas diplomáticas, administrativas, económicas, judiciales y legales a su alcance” para defender su posición y advirtió que quienes intervengan directa o indirectamente en esas operaciones pueden quedar expuestos a sanciones administrativas, civiles y penales.

Al mismo tiempo, la Argentina reiteró su disposición a mantener un “diálogo constructivo y sustantivo” con el Reino Unido para reanudar las negociaciones bilaterales sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

El comunicado concluyó con una reafirmación de la posición histórica del país sobre la disputa de soberanía: “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”.