El funcionario explicó que la medida forma parte de una estrategia oficial destinada a sancionar a compañías que operen en Malvinas y también a sus proveedores, durante su exposición en la 471 Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), realizada en Puerto Iguazú, Misiones.

Quirno vinculó estas decisiones con las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en cadena nacional, en las que el Gobierno planteó nuevas acciones vinculadas con la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

Durante su exposición, el canciller hizo referencia a la Ley 26.659, que establece sanciones para empresas petroleras que operen en Malvinas y les prohíbe desarrollar actividades en la Argentina.

Según explicó, el contexto actual es diferente al existente cuando se dictó la normativa, debido al desarrollo de Vaca Muerta. “Cuando se dictó la ley en 2011, 2013, no existía Vaca Muerta, entonces no tenía ningún incentivo para decidir”, sostuvo.

En ese sentido, el canciller aseguró que la estrategia oficial apunta a modificar el cálculo económico de las compañías y generar un desincentivo para que continúen participando de actividades hidrocarburíferas en las Islas.

“Hoy lo que estamos haciendo es justamente generar ese desincentivo, que tengan que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o que vengan a Argentina con la seguridad jurídica y con mayor potencialidad de negocios”, afirmó. Y agregó: “Van a tener que elegir, lo mismo que nuestros países y nuestros vecinos”.

Quirno también explicó que el decreto reglamentario busca acelerar el proceso de sanciones y ampliar el alcance de las medidas a distintas empresas relacionadas con la actividad petrolera.

“Un decreto reglamentario para darle celeridad a las sanciones a las compañías que operen en Malvinas, las compañías que operen en Malvinas más sus proveedores de servicios petroleros, de servicios financieros, de servicio de seguro, etcétera”, detalló.

El canciller precisó que el alcance de la medida comprende “todo un universo de hoy 180 compañías”. “Ya fueron anoticiadas la semana pasada de que cuidado, van a tener que elegir o van a ser sancionadas acá y van a tener que tener un proceso bastante complicado”, expresó.

Según Quirno, el decreto reglamentario ya fue resuelto y constituye el primero de los instrumentos anunciados por el Poder Ejecutivo para intervenir frente a proyectos de exploración y explotación de recursos en las aguas que rodean al archipiélago.

Más tarde, la Oficina del Presidente emitió un comunicado mediante el cual se informó que la Cancillería dispuso el inicio de los procedimientos para sancionar, tanto a personas como a empresas, por la violación de la prohibición de explotar los recursos de las Islas Malvinas, sin la autorización de la Argentina.

“La Oficina del Presidente informa que en el día de hoy, por instrucción del Presidente de la Nación, Javier G. Milei, la Cancillería de la República Argentina ha dispuesto el inicio de los procedimientos sancionatorios de 45 sujetos, tanto personas humanas como personas jurídicas, para investigar y sancionar la violación de las prohibiciones establecidas por el artículo 2º de la Ley Nº 26.659, en tanto estarían desarrollando actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en nuestra Islas Malvinas”, explica el texto.

En otro párrafo asegura que “Se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra accionistas suyos y empresas que le han estado prestando servicios para que puedan llevar adelante su actividad”.