En un duro comunicado oficial, el Gobierno recordó la responsabilidad iraní en las masacres de la Embajada de Israel y la AMIA, denunció tres décadas de impunidad y ratificó la vigencia de las órdenes de captura internacionales.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores sentenciaron de forma categórica: “La República Argentina rechaza categóricamente la decisión de la República Islámica de Irán de declarar ‘organizaciones terroristas’ a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas”.

El Poder Ejecutivo subrayó la falta de sustento de la medida iraní y puso en relieve el marco constitucional e internacional sobre el que operan las fuerzas castrenses del país. “Esta medida carece de todo fundamento y constituye una acusación inadmisible contra instituciones legítimamente constituidas, subordinadas a la Constitución Nacional y dedicadas a la defensa de la soberanía nacional”.

Y remarcó que tanto la Armada como la Fuerza Aérea desarrollan sus funciones “con estricto respeto a las leyes nacionales, al derecho internacional, a los tratados y acuerdos internacionales y a la soberanía de los Estados”, marcando una clara diferencia respecto de las imputaciones provenientes del gobierno iraní.

Un eje sustancial de la declaración oficial se centró en la trayectoria judicial que vincula a la República Islámica de Irán con los mayores ataques terroristas perpetrados en suelo argentino durante la década de 1990.

Al hacer referencia a las investigaciones llevadas adelante por los tribunales federales del país, la diplomacia argentina recordó que “la Justicia argentina atribuyó responsabilidad a la República Islámica de Irán por los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994”.

“Irán continúa sin cooperar con la Justicia argentina, no cumple las órdenes internacionales de detención vigentes y ha designado en cargos de alta responsabilidad a personas requeridas por nuestros tribunales”, denunció el comunicado.

La Cancillería puso de relieve el prolongado tiempo transcurrido sin respuestas judiciales definitivas, señalando que “tres décadas después, los acusados no han comparecido ante la justicia argentina”.

En el tramo final del pronunciamiento, el Gobierno argentino reiteró su exigencia formal para que el gobierno iraní abandone la postura de obstrucción judicial y entregue a los ciudadanos requeridos por los tribunales nacionales.

Por su parte, la senadora nacional Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, respaldó la postura de la administración de Javier Milei y cuestionó al régimen de Teherán. “Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos”, expresó Bullrich en su cuenta de X.