Durante el período ordinario se sancionaron apenas 11 leyes, a las que sumaron dos más en sesiones extraordinarias, en un escenario marcado por la polarización, un oficialismo en minoría y una oposición que logró imponer su propia agenda de emergencia.
De acuerdo con el informe de cierre de año, ninguno de los proyectos aprobados durante el período ordinario -que se extiende del 1 de marzo al 30 de noviembre- fue impulsado originalmente por el Poder Ejecutivo, un dato que grafica la debilidad parlamentaria del Gobierno a lo largo de 2025.
De las 11 leyes sancionadas, ocho correspondieron a iniciativas opositoras, entre ellas el Financiamiento Universitario, los aumentos a las jubilaciones y la denominada Ley Nicolás, mientras que las tres restantes fueron acuerdos internacionales que habían quedado pendientes de la gestión anterior, según consignó la Agencia Noticias Argentinas.
Recién en las sesiones extraordinarias celebradas el último viernes, el oficialismo logró avanzar con dos proyectos propios: la Ley de Presupuesto 2026 y la denominada Ley de Inocencia Fiscal, únicas normas promovidas directamente por el Gobierno a lo largo del año.
En este contexto, el presidente Javier Milei hizo uso de su facultad de veto en siete oportunidades, aunque el Congreso desafió la decisión del Ejecutivo e insistió en tres casos, logrando sostener las leyes pese al rechazo de la Casa Rosada.
La oposición también apeló a una herramienta parlamentaria poco utilizada para forzar el tratamiento de proyectos: los emplazamientos a comisión. Mientras que en años anteriores el promedio anual no superaba los tres, en 2025 se registraron 20 emplazamientos, lo que obligó al oficialismo a debatir iniciativas que buscaba postergar.
Por primera vez en varios años, el Parlamento avanzó además sobre el poder reglamentario del Ejecutivo, al rechazar cuatro decretos de facultades delegadas y un DNU, reduciendo de manera significativa el margen de maniobra presidencial.
Un informe de Directorio Legislativo reveló, asimismo, que de las 22 sesiones realizadas, la mitad fueron especiales, lo que refleja las dificultades para consensuar una agenda legislativa estable y compartida.
Pese a este panorama adverso, en el oficialismo confían en que la nueva composición del Congreso, surgida tras las elecciones legislativas de octubre -que ya permitió la aprobación del Presupuesto 2026-, modifique el escenario político en 2026 y le permita al Gobierno pasar de una estrategia defensiva a una ofensiva, con mayor capacidad para impulsar su propia agenda legislativa.