El miércoles un grupo de gobernadores conformado por Martín Llaryora (Córdoba), Claudio Vidal (Santa Cruz), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) e Ignacio Torres (Chubut) decidió jugarse y anunció la conformación de un frente electoral para competir en octubre a nivel nacional, en un espacio desligado del kirchnerismo y del gobierno nacional al que denominaron “Un grito federal”.

Los otros tres gobernadores que se sumaron representan a provincias peronistas: Gustavo Sáenz, de Salta; Raúl Jalil, de Catamarca; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. Este último tiene su propio bloque, de tres diputados, denominado Independencia. Los salteños, en tanto, integran un interbloque, Innovación Federal, junto a los representantes de Misiones y Río Negro.
En todo caso, la matriz común de todos ellos parece ser la oposición a las políticas de ajuste de la administración de Javier Milei hacia las provincias; aunque hacen la salvedad de que buscan “contribuir a la gobernabilidad de la Argentina”.
En clave territorial, hay quienes marcan que no cambia en absoluto el escenario que ya se venía planteando. Es que, en rigor, cada gobernador va a seguir manejando la alianza de su propio distrito. Si quedasen actores que no eligieron entre el oficialismo local o La Libertad Avanza, los incentivos para unirse debería ir en función de cómo podría performar cada espacio, y pareciera que el anuncio de “las fuerzas del centro” no sería determinante. “Si alguien se quería ir para un bando, ya lo había decidido antes de este anuncio”, explica un funcionario libertario.
“No creo que vaya a cambiar nada más allá del ‘espíritu de cuerpo’ que pueda tener el tema. Esto es más un mensaje para el círculo rojo de que van a conformar un frente y que van a tomar ciertas decisiones”, concluyó un asesor vital del Gobierno.
Los responsables de LLA de muchos de estos distritos tienen una misma lectura: de que hay una actitud defensiva de parte de estos gobernadores con vistas al 2027. Se perciben como inevitables ganadores en las elecciones generales de octubre y creen que sacar las reformas laboral e impositiva el año próximo ayudará a cimentar la base de la reelección de Milei, con un posible correlato en tener buenos números para disputar gobernaciones.
Más allá de las elecciones del 26 de octubre, las estrategias parlamentarias podrían empezar a desplegarse en los próximos encuentros en la Cámara de Diputados, donde la oposición ya diagrama dos sesiones especiales.
La primera, prevista para el 6 de agosto, tendría un amplio temario que incluiría proyectos vinculados al financiamiento de las universidades nacionales y al Hospital Garrahan, además de emplazar -es decir, fijar fecha de tratamiento- a la Comisión de Presupuesto, que preside el libertario José Luis Espert, para discutir los proyectos de modificación en la coparticipación solicitados por los gobernadores, entre otros puntos.
La segunda sesión especial sería el 20 de agosto, para discutir ya en el recinto las iniciativas de cambios en la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos y al reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), dos proyectos que ya cuentan con sanción del Senado y podrían ser convertidos en ley.
Para ambos pedidos de sesiones especiales, los sectores de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda necesitarán alcanzar el quórum de 129 diputados sentados en sus bancas para poder abrir el recinto de la Cámara baja.
Mientras tanto, los diputados están pendientes de la decisión que tome el Poder Ejecutivo respecto a las leyes de aumento a las jubilaciones, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.
El presidente de la Nación tiene tiempo hasta el lunes 4 de agosto para vetar total o parcialmente las leyes sancionadas por el Parlamento. A partir de esa decisión, los proyectos regresarán al Congreso, a la Cámara de origen de los debates: la Cámara de Diputados. En ese caso, los legisladores tendrán solo dos opciones: rechazar el veto presidencial -para lo cual necesitarán alcanzar la mayoría de dos tercios de los diputados presentes- o aceptarlo.