Según fuentes oficiales, los datos surgen de un análisis en base a siete medicamentos que fueron comprados por la ANDIS y comparados por los montos pagados por el Ministerio de Salud, que también los adquirió previamente.
“En uno de esos medicamentos, que ambos organismos compraron a la droguería Suizo Argentina, la Agencia Nacional de Discapacidad pagaba un 27% más caro que el Ministerio de Salud”, fue la conclusión anticipada que difundieron desde el Gobierno.
El caso específico es el del medicamento es PEG Asparaginasa, que se utiliza para pacientes con leucemia linfoblástica aguda.
Siempre según el análisis comparativo del Ministerio, el precio que pagó el programa Incluir Salud, dependiente de Discapacidad, fue $13.500.176 en agosto de 2025. Pero el Ministerio registró haber pagado $8.274.027, también en agosto pero del año anterior.
“Si se le resta la inflación acumulada julio 2024 - julio 2025, Incluir compra esta medicación un 27% más cara”, concluyeron quienes están al tanto de la auditoría en marcha.
Cuando el medio Clarín consultó a la cartera sanitaria cuáles eran los seis fármacos restantes del relevamiento en marcha, sólo dieron una definición general: “Son medicamentos para enfermedades complejas y de alto precio, es decir, que son muy caros para que sean solventados por un hogar”, mencionaron. Por el momento se negaron a detallar los nombres de esos productos médicos en cuestión.
Por la premura en que fueron difundidos informalmente estos datos, pareciera que forman parte de una estrategia del Ejecutivo por embestir contra la gestión de Spagnuolo, factótum de las escuchas de las que se desprendería un supuesto esquema de recaudación de altos funcionarios por parte de laboratorios que proveían drogas a la ANDIS.
Es que, además de deslizar que en al menos un fármaco hubo se pagaron sobreprecios de casi un 30 por ciento, en la misma jornada, el presidente Javier Milei se refirió por primera vez al tema y aseguró que “va a llevar la Justicia” a su ex amigo por considerar que sus dichos “eran mentira”.
Tras el estallido del escándalo, el Gobierno primero desplazó a Spagnuolo como titular de la agencia y luego intervino la ANDIS, donde colocó a Vilches. Y ahora busca quitarle su facultad de organismo descentralizado y pasarlo como una secretaría más de la cartera sanitaria. El objetivo no solamente es aumentar el control por parte de Lugones, ex titular del Sanatorio Güemes y de amplios contactos con el negocio médico, sino alinear la política para el sector que emana de la máxima autoridad sanitaria del país.
Lugones, que llegó al cargo por impulso del asesor presidencial Santiago Caputo -amigo de Rodrigo, fundador de la consultora Move e hijo del ministro-, no salió a hablar directamente de los supuestos pagos ilegales en la adquisición de fármacos para el área de discapacidad.
De hecho, el último martes el funcionario se ausentó a una reunión de comisión convocada en Diputados para que responda sobre la emergencia en el sector de la Salud y el escándalo que involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem. También pegó un faltazo el interventor Vilches, que había sido convocado por el plenario de las comisiones de Salud y de Discapacidad, que presiden los peronistas Pablo Yedlin y Daniel Arroyo, respectivamente