“Por demora del Congreso no hemos podido constituir la Comisión. Diputados envió a los integrantes; el Senado tiene los suyos, y ya van casi dos años de mora y me comentan que el bloque oficialista está pidiendo no constituirla por esa sensación de temor que a veces tiene el Poder Ejecutivo a que el Congreso funcione plenamente”, expresó el senador Juan Carlos Romero el pasado 26 de junio, durante la última visita del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La declaración del legislador salteño, aliado del oficialismo, expone la tensión institucional que rodea el proceso de privatizaciones impulsado por el Gobierno y la parálisis de la comisión bicameral encargada de su seguimiento.
En este contexto, el Ejecutivo acelera su plan de privatización de empresas públicas, una estrategia que responde tanto a la escasez de dólares prevista para el segundo semestre como al aumento de las importaciones y a los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. Según información a la que accedió Infobae, el Gobierno decidió avanzar con rapidez en la venta de activos estatales, amparado en la autorización ya otorgada por el Congreso de la Nación. Y esto quedó establecido esta última semana con las publicaciones realizadas en el Boletín Oficial en donde habilitó los procesos de venta de activos.
El proceso privatizador abarca actualmente a Intercargo, Corredores Viales, AySA, Enarsa, Belgrano Cargas y las represas del Comahue, con la intención de licitar estas empresas antes de que finalice 2025. A este grupo se suman otras compañías incluidas en la Ley Bases, como Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Trenes Argentinos.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, bajo la dirección de Diego Chaher, lidera el proceso. Chaher confirmó que “todas están en un grado de avance”, aunque anticipó que el llamado a licitación se realizará recién hacia fin de año.
El control parlamentario de estas privatizaciones depende de la comisión bicameral Especial de Reforma del Estado y del Seguimiento de Las Privatizaciones (Ley 23.696), un órgano que lleva años sin funcionar. Desde la estatización de las empresas públicas, la comisión perdió sentido operativo y, pese a los reclamos de la oposición y la voluntad declarada del gobierno de Javier Milei de avanzar con las privatizaciones, sigue sin estar activa.
La presión política sobre la conformación de la comisión bicameral se reactivará tras el receso de invierno, cuando los legisladores enfrenten el avance del Ejecutivo en las autorizaciones para privatizar Aysa, Intercargo, Corredores Viales, Enarsa, Belgrano Cargas y las represas del Comahue.