La presión sobre los cursos de agua se ha intensificado en las últimas décadas como consecuencia del crecimiento urbano, la expansión agrícola, la industrialización y el cambio climático. La contaminación por efluentes cloacales e industriales sin tratamiento adecuado, el uso intensivo de agroquímicos y la disposición irregular de residuos afectan la calidad del agua y ponen en riesgo la salud de los ecosistemas y de la población. En varias cuencas del país, la degradación ambiental ya genera impactos visibles sobre la fauna, la flora y las actividades económicas locales.
Uno de los casos más emblemáticos es la Cuenca Matanza-Riachuelo, históricamente considerada una de las más contaminadas de América Latina. Si bien en los últimos años se han registrado avances en obras de saneamiento y control ambiental, especialistas advierten que la recuperación integral de los ríos requiere políticas sostenidas en el tiempo, coordinación entre jurisdicciones y un fuerte control del cumplimiento de la normativa vigente.
La gestión de los ríos en la Argentina presenta una complejidad adicional: la mayoría de las cuencas son interjurisdiccionales. Esto implica que un mismo río atraviesa varias provincias e incluso países, como ocurre con los ríos de la Cuenca del Plata. En este contexto, la coordinación entre Nación, provincias y municipios resulta clave para una gestión integrada del recurso hídrico. Organismos como los comités de cuenca buscan articular políticas, aunque su funcionamiento enfrenta limitaciones institucionales y presupuestarias.
El impacto del cambio climático profundiza los desafíos. En distintas regiones del país se observa una mayor frecuencia de sequías prolongadas y crecidas extraordinarias, que afectan tanto a áreas productivas como a centros urbanos. La bajante histórica del río Paraná, registrada en los últimos años, puso en evidencia la vulnerabilidad del sistema fluvial y la necesidad de planificar con criterios de adaptación climática, preservando humedales y llanuras de inundación que actúan como reguladores naturales.
La conservación de los humedales asociados a los ríos se ha convertido en un tema central del debate ambiental. Estos ecosistemas cumplen funciones clave, como la regulación hídrica, la retención de contaminantes y la conservación de la biodiversidad. Diversas organizaciones ambientales reclaman una ley de presupuestos mínimos que garantice su protección frente a actividades extractivas o inmobiliarias que alteran su funcionamiento natural.
La navegación, la generación hidroeléctrica y el riego agrícola son otros usos estratégicos de los ríos argentinos que requieren una gestión equilibrada. El desafío consiste en compatibilizar el aprovechamiento económico con la preservación ambiental, evitando intervenciones que modifiquen de manera irreversible los cauces y sus dinámicas naturales.
Finalmente, la participación ciudadana y el acceso a la información ambiental resultan fundamentales para fortalecer el cuidado de los ríos. La concientización social, el monitoreo comunitario y la educación ambiental permiten visibilizar los problemas y exigir políticas públicas más eficaces y transparentes.
El cuidado y la gestión de los ríos en la Argentina no solo constituyen una cuestión ambiental, sino también social, económica y política. Garantizar ríos sanos implica asegurar agua de calidad, proteger la biodiversidad y sostener el desarrollo de las regiones que dependen de ellos. El desafío es avanzar hacia una gestión integral y federal del recurso hídrico, con una mirada de largo plazo y compromiso colectivo.