La expectativa del oficialismo es contar con un amplio respaldo para avanzar con la iniciativa, que busca establecer un nuevo marco institucional para el BCRA y limitar las herramientas mediante las cuales históricamente financió al sector público. En ese contexto, el Gobierno busca que las restricciones al financiamiento monetario y la independencia del Banco Central trasciendan a la actual administración y se consoliden como reglas permanentes de política económica.

En la previa al tratamiento en el recinto, desde el oficialismo se muestran confiados en reunir los votos necesarios para avanzar con la reforma.

El proyecto establece que la remoción del presidente y de los directores del Banco Central requerirá una mayoría calificada de dos tercios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. El objetivo es elevar las barreras para desplazar a las autoridades de la entidad y reducir la posibilidad de que un cambio de gobierno derive automáticamente en una modificación de la conducción y de la política monetaria.

De esta manera, el principal instrumento elegido para reforzar la estabilidad de las autoridades no pasa por extender sus mandatos, sino por endurecer las condiciones necesarias para removerlas.

Si bien la iniciativa apunta a reforzar la independencia del BCRA y consolidar un perfil más técnico de la institución, la política monetaria seguirá conviviendo con la política económica definida por el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía.

Uno de los cambios centrales es la prohibición del financiamiento al Tesoro, las provincias y los municipios. La iniciativa elimina la posibilidad de otorgar adelantos transitorios u otras formas de asistencia financiera directa o indirecta al sector público y dispone para ello la supresión del artículo 21 de la actual Carta Orgánica.

Otro de los cambios clave es la redefinición del objetivo institucional del BCRA. La propuesta establece como misión preservar el valor de la moneda y elimina las competencias adicionales incorporadas en la reforma de 2012, entre ellas la promoción de la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

El respaldo que el oficialismo consiga en el Congreso será una primera señal sobre el grado de consenso político detrás de ese objetivo. Pero el interrogante de más largo plazo será si esas restricciones logran consolidarse como reglas permanentes de la política económica argentina o vuelven a quedar sujetas a las decisiones de cada administración.