Agencia Santa Rosa - Tras la reunión que mantuvieron en Santa Fe, el organismo pidió que “el país cuente con una ley de Presupuesto Nacional que garantice el funcionamiento, el sostenimiento y la rendición de cuentas de todo el Estado” al tiempo que pidió que “incluyan un monto mínimo de 7,32 billones de pesos para el sistema universitario”.
Este número “actualiza y anualiza las partidas de la Ley de Presupuesto 2023, siguiendo los criterios establecidos en la recientemente aprobada Ley de Financiamiento Universitario, e incorpora una mejora específica para gastos de funcionamiento”.
Advirtieron que “esta solicitud no contempla aún la inflación ni las actualizaciones salariales de lo que resta de 2025, ni incluye recursos para ciencia, técnica y arte, infraestructura, equipamiento o planes de becas. Estos reclamos se mantendrán vigentes y serán reiterados en todas las instancias correspondientes”.
El Presupuesto, dijeron los rectores “es condición imprescindible para garantizar la previsibilidad, el funcionamiento pleno de las universidades y la continuidad de sus múltiples actividades académicas, de investigación y de extensión en todo el país”.
En tanto, advirtieron que “ante la posibilidad de un veto presidencial de la Ley Nº 27.795, aprobada por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso de la Nación y que expresa la voluntad de las y los representantes del pueblo argentino, no solo expresamos nuestro más enérgico rechazo, sino que, de ser así, nos movilizaremos para solicitar al Congreso la inmediata ratificación de la norma”.
Esto porque “dicha ley garantiza el funcionamiento mínimo del sistema universitario durante el 2025 y es absolutamente falso que provoque desequilibrios fiscales. Por el contrario, asegura la continuidad de una política pública esencial para la educación superior y para la sociedad argentina en su conjunto”.
“El millón de firmas que acompañamos en la Cámara de Diputados refleja, claramente, lo que nuestra sociedad espera del gobierno nacional: el reconocimiento del derecho a una educación pública de calidad y el compromiso del Estado con su financiamiento”, apuntaron.
Y recordaron que “hace más de dos años, en esta misma ciudad de Rosario, antes de las elecciones nacionales, advertimos sobre la necesidad de consolidar y proteger al sistema universitario público. Hoy reiteramos aquellas convicciones”.
Reafirmaron luego que “la educación es un derecho humano universal y un bien social que debe ser garantizado por políticas públicas. La educación no puede ser un negocio para pocos. La educación forma mujeres y hombres en valores democráticos y universales, preparándolos para su inserción en el sistema productivo y en el tejido social, para contribuir al desarrollo y al crecimiento inclusivo de nuestra nación”.
En consecuencia, exigieron que “los poderes Ejecutivo y Legislativo la inmediata puesta en funcionamiento de la Ley Nº 27.795, Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, herramienta indispensable para evitar un mayor deterioro del sistema universitario público argentino y, en definitiva, para no comprometer el futuro de nuestro país”.