La audiencia se desarrolló en los Tribunales de General Pico y fue encabezada por el juez Alejandro Gilardenghi, con la participación del fiscal Damián Campos, el abogado querellante Jerónimo Altamirano, el damnificado, el defensor Martín Herrero Galvagno y ambos acusados.

Durante la exposición de las partes, la Fiscalía solicitó seis meses de prisión preventiva para los dos imputados al sostener que aún existen riesgos procesales y medidas probatorias pendientes. La querella pidió una medida aún más severa y reclamó ocho meses de prisión preventiva, mientras que la defensa solicitó que ambos afrontaran el proceso en libertad y, de manera subsidiaria, que se les concediera el beneficio de la prisión domiciliaria.

Tras analizar los planteos, Gilardenghi optó por una resolución intermedia. Dispuso dos meses de prisión preventiva de cumplimiento efectivo para Gonzalo Torres y dos meses de prisión domiciliaria con monitoreo electrónico para Claudio Arhes.

Al fundamentar su decisión, el magistrado señaló que la situación procesal de ambos imputados presentaba diferencias que impedían adoptar una medida idéntica.

Explicó que Torres registra antecedentes penales, circunstancia que incrementa la expectativa de pena y el riesgo procesal, mientras que Arhes carece de antecedentes, elemento que fue valorado favorablemente al momento de resolver la modalidad de la medida cautelar.

No obstante, el juez destacó que ambos cuentan con arraigo en General Pico, poseen domicilio conocido, vínculos familiares y una actividad estable, aspectos que disminuyen el riesgo de fuga. Sin embargo, aclaró que esos factores no bastan por sí solos para descartar la necesidad de una medida de coerción, teniendo en cuenta la gravedad del hecho investigado, la posible pena y el estado de avance de la causa.

Gilardenghi también ponderó que los dos imputados regresaron al país y se presentaron voluntariamente ante la Justicia, conducta que consideró favorable, aunque insuficiente para neutralizar completamente los riesgos procesales existentes.

Respecto del tiempo de duración de las medidas cautelares, el magistrado entendió que dos meses resultan suficientes y proporcionados para garantizar el desarrollo de las diligencias investigativas pendientes, apartándose así tanto del pedido de la Fiscalía y la querella, que pretendían un encierro preventivo más prolongado, como de la postura de la defensa, que solicitaba la libertad o la prisión domiciliaria para ambos.

Con esta resolución, la causa por el robo de los US$250.000 continuará avanzando con nuevas pericias y medidas de prueba impulsadas por el Ministerio Público Fiscal, mientras los imputados permanecerán sometidos a las restricciones impuestas por la Justicia durante esta etapa de la investigación.