Agencia Santa Rosa - “La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) fue creada por la Ley Nº 26.363 en 2008 como un organismo civil, técnico, autárquico y autofinanciado, con una misión clara: reducir la siniestralidad vial en todo el país. No depende del presupuesto nacional, no genera gasto para el Estado y tiene resultados concretos (Se financia con el 1% de los seguros)”, indicaron.
Aclararon luego que “la ANSV no es Vialidad Nacional. Vialidad se encarga de la infraestructura. La ANSV salva vidas con prevención, fiscalización, tecnología y políticas públicas.”
Entre sus funciones esenciales: control de velocidad y alcoholemia con tecnología homologada; fiscalización integral con personal capacitado y equipamiento propio; coordinación de operativos nacionales junto a provincias y municipios; campañas de concientización y educación vial; scoring nacional de licencias; observatorio de Seguridad Vial y análisis de siniestros; aplicación efectiva de la Ley de Alcohol Cero; auditorías de CELS, de talleres de RTO, de prestadores médicos para aptos físicos de licencias.
Además tiene entre sus funciones la implementación de la Línea 149 de atención gratuita, 24 horas, todo el año, para víctimas y familiares de víctimas de siniestros viales, en articulación con organizaciones de la sociedad civil.
Entre los resultados concretos, destacaron sus trabajadores que “desde su creación, la ANSV redujo las víctimas fatales de 5.361 en 2008 a 3.894 en 2024, salvando más de 1.400 vidas al año.”
En 2024 se realizaron 70.000 operativos, superando en 18% las metas planificadas. Se controlaron más de 3.000.000 vehículos (un 133% más de lo previsto). Se labraron más de 20.000 actas por alcoholemia, con aproximadamente 18.000 licencias retenidas. Estos datos son verificables y auditables (SIGO, URBETRACK, SINAI, SIGISVI). “La ANSV es eficiente, profesional y salva vidas”. Indicaron en el comunicado que “el Decreto 461/2025 ordena la disolución de la ANSV y la transferencia de funciones a Gendarmería Nacional. Esta decisión representa un grave error político, legal y técnico”, ya que “elimina un organismo especializado que no le cuesta dinero al Estado; rompe la coordinación federal con provincias y municipios; deja sin control rutas críticas y zonas de alta siniestralidad; sustituye personal civil calificado por una fuerza que no tiene formación vial; además, abandona el control sobre más de 3.600.000 vehículos proyectados para 2025, según datos oficiales.”
¿Puede Gendarmería reemplazar a la ANSV?, se preguntaron, y la respuesta es “no, porque Gendarmería no cuenta con equipamiento propio homologado (alcoholímetros, radares, PDA, drones), no tiene la potestad de labrar actas en gran parte del país, y su capacitación no es específica en seguridad vial”. Además, sumaron “solo tiene 53 convenios municipales firmados (menos del 3% del total del país)”. En cambio, la ANSV actúa bajo un marco federal con alcance nacional.
Por otro lado, indicaron que el Decreto 461/2025 se basó en un informe erróneo de Gendarmería con el que GNA justifica la transferencia de funciones, contiene datos erróneos, tergiversaciones y omisiones graves.
A modo de conclusión, advirtieron sus trabajadores que “cerrar la ANSV no es una medida de ahorro. Es un acto de desmantelamiento institucional que destruye una política pública exitosa, eficiente y con resultados; rompe la articulación nacional e interjurisdiccional; disminuye drásticamente los controles en ruta: y pone en riesgo la vida de miles de personas.”
“Con apenas 700 trabajadores en todo el país, la ANSV lleva adelante una de las políticas públicas más sensibles y efectivas del Estado argentino. La ANSV no se puede cerrar. No es un gasto. Es una inversión en vidas. No es un organismo más. Es una política de Estado que funciona”, deslizaron.
Además, remarcaron finalmente, “la seguridad vial no es un capricho burocrático ni un gasto innecesario, es una política pública alineada con los estándares internacionales en la materia, orientada a garantizar el primer derecho humano y constitucional: el derecho a la vida. Este derecho está reconocido en nuestra Constitución Nacional, en el Código Civil y Comercial y en los tratados internacionales con jerarquía constitucional. La prevención vial es, ni más ni menos, que la defensa activa de la vida de los ciudadanos.”