Ese instrumento, previsto en el artículo 101 de la Constitución, le permite al Congreso remover al jefe de Gabinete si reúne la mayoría absoluta de los miembros de ambas Cámaras.

El procedimiento puede arrancar tanto en el Senado como en Diputados y se habilita cuando se considera que el funcionario incurrió en actos, omisiones o conductas que comprometen su responsabilidad política ante el Parlamento.

El último pedido de moción de censura lo presentó este jueves el diputado Pablo Juliano (Provincias Unidas), pocas horas después de que se conociera la declaración jurada que finalmente entregó Adorni.

La presentación reabrió una contradicción. Tiempo atrás, en la propia Cámara de Diputados, Adorni había sostenido que no tenía nada que esconder: “Cumplí con mis obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa. Las declaraciones juradas tienen un componente público y un componente reservado. En el componente público se encuentran los detalles de todos los bienes que componen mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna”. Sin embargo, en su última declaración incorporó activos que antes no figuraban, entre ellos US$300.000 originados en operaciones con Bitcoin entre 2013 y 2018, ganancias que -según su relato- habría obtenido a partir de una inversión inicial de US$200.000.