La nueva normativa que establece parte del procedimiento para vender o subastar empresas u otros bienes del Estado incluye la creación de dos plataformas digitales que facilitarán las operaciones. El apuro de la medida está vinculado a la urgencia del oficialismo por conseguir los dólares que necesita para evitar la crisis de las reservas antes de las elecciones. Y sin intervenir en el precio dentro la flotación entre bandas cambiarias acordadas con el FMI.
El decreto 416/2025 determinó que las privatizaciones se realicen de forma electrónica a través de los sistemas CONTRAT.AR y SUBAST.AR, dependiendo de la modalidad utilizada.
En la Ley Bases figuran como “privatizables” ocho firmas públicas: entre las principales apuntadas para avanzar con el desguace se destacan Enarsa, Nucleoeléctrica, Trenes Argentinos, Intercargo y AySA.
“Encomiéndase a la Oficina Nacional de Contrataciones la implementación de un nuevo módulo del Sistema de Gestión Electrónica CONTRAT.AR como medio para efectuar en forma electrónica los procedimientos de licitación o concurso público que se efectúen para materializar las privatizaciones mediante la venta de los activos de las empresas, venta o colocación de acciones, cuotas partes del capital social o, en su caso, de establecimientos o haciendas productivas en funcionamiento; locación o administración con o sin opción a compra y permisos, de conformidad con las Leyes Nº 27.742 y 23.696”, sostiene la iniciativa.
El ministro de Economía, Luis Caputo, despliega distintas estrategias ante la desesperación de juntar los dólares para cumplir las metas comprometidas con el Fondo, en medio del calendario electoral. Probó con incentivos para la liquidación de la cosecha y para hacer circular los que están “bajo el colchón”, continúa colocando deuda y hace pocos días anticipó: “Va a haber venta de activos por miles de dólares”.
La orientación de la política económica de la Libertad Avanza hacia el modelo de especulación y renta en desmedro del de producción y trabajo continúa registrando hitos. A la apertura importadora, las paritarias planchadas, las desregulaciones, el dólar barato y la toma de deuda, se le agrega el desprendimiento del Estado de empresas claves para el desarrollo nacional. También adelantó que se viene la concesión de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, por un valor de entre 400 y 500 millones de dólares.