Este nuevo juicio constituye otro paso fundamental en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia, porque permite avanzar sobre una dimensión central del terrorismo de Estado: la responsabilidad de sectores civiles y empresariales que, según las acusaciones judiciales, colaboraron con el aparato represivo para perseguir a trabajadores y desarticular la organización sindical.

Durante décadas, el juzgamiento de los crímenes de la dictadura se concentró principalmente en los integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad que ejecutaron la represión. Sin embargo, la reconstrucción de aquellos hechos también exige investigar a quienes, desde posiciones de poder económico, político y empresarial, pudieron aportar información, recursos o mecanismos para facilitar los secuestros y la persecución de trabajadores.

La causa Mercedes-Benz es emblemática en ese sentido. La acusación sostiene que Tasselkraut habría facilitado la identificación y localización de los dos trabajadores secuestrados. El juicio permitirá analizar esas responsabilidades en el ámbito judicial y determinar la participación que le corresponde al acusado.

La continuidad de estos procesos tiene un valor aún mayor en un contexto de retroceso de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, de cuestionamientos a las políticas de derechos humanos y de obstáculos que dificultan el avance de las investigaciones. Frente a ese escenario, la apertura de un nuevo juicio reafirma que la búsqueda de justicia sigue vigente y que los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes.

"Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de La Pampa sostenemos que la memoria democrática exige compromiso institucional, continuidad de las políticas públicas y respeto por la independencia judicial. No hay reconciliación posible sobre el ocultamiento de los hechos ni justicia completa si las investigaciones dejan fuera a quienes pudieron contribuir al funcionamiento del terrorismo de Estado desde estructuras civiles.

El avance sobre la denominada “pata civil” de la dictadura es indispensable para comprender la dimensión integral del plan represivo y sus vínculos con intereses económicos y empresariales. Investigar estas responsabilidades no supone anticipar condenas, sino garantizar que todas las personas involucradas puedan ser juzgadas con las debidas garantías y que las víctimas accedan a la verdad", señalaron desde ese órgano del Gobierno provincial.