El director de Discapacidad de la Provincia, Iván Poggio, lamentó que los pampeanas que cobraban pensiones graciables “se hayan enterado de un día para otro, cuando fueron a cobrar” que el gobierno nacional dispuso el cese de los pagos, argumentando la necesidad de que los beneficiarios presenten exámenes médicos.
Poggio explicó que se trata de las pensiones que diputados y senadores entregaron hasta 2010 y que desde entonces no se otorgan más. Esos beneficios exigían la presentación de certificados, pero las evaluaciones se fueron postergando. Ahora, Nación las exige para devolver los pagos.
El funcionario diferenció que las que otorga la Agencia Nacional de Discapacidad siguen, aunque con restricciones presupuestarias y con un acceso más dificultoso por el despido de trabajadores y el cierre de reparticiones del organismo en las provincias.
“Son datos que manejamos de fuentes no oficiales, porque lamentablemente no tenemos un interlocutor válido en estas cosas”, se quejó el funcionario, al tiempo que cuestionó que “la gente se encontró con que no existía más cuando fue a cobrarlas al banco. Y si bien dicen que se van a rehabilitar, lo cierto es que no se explica la fecha precisa ni hay una notificación acerca de por qué se suspendieron, que es lo que mínimamente se debería hacer”.
El organismo a través del cual se abonan las pensiones ahora suspendidas es el ANSeS, y la generación a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, la que “fue la repartición que más castigada fue con los despidos, con más del 13%”, apuntó Poggio, antes de fustigar “el modus operandi del gobierno nacional”.
Esto porque “dicen que hay corrupción y paran la obra pública, dicen que hay pensiones truchas y lo mismo, pero sin comprobarlo ni probarlo ni hacer las denuncias a la que todos los funcionarios públicos estamos obligados. Hay que ir, denunciar y que la Justicia lo resuelva”, algo que en este caso no sucedió.
En la misma dirección, lamentó el cierre de numerosos centros de referencia de la AND en las provincias, más allá de que “en los últimos tiempos nosotros, desde Discapacidad, no resolvíamos tantas cosas con ellos. El tema es que eran lugares que representaban al organismo y en el que se ayudaba a gente con un montón de trámites cuando por ahí no tenía conocimiento o acceso a internet”.
“La verdad es que esas ayudas -amplió- eran para garantizar derechos. Lo que quiere este gobierno nacional, parece, es que finalmente no se hagan los trámites”.
Agencia Santa Rosa
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