El cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación actualizó en 684.990.350.139,86 millones de pesos el monto sujeto a decomiso en la causa Vialidad y que será reclamado a los condenados: la ex mandataria Cristina Kirchner, al empresario Lázaro Báez, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y al ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo José López, a seis años de prisión por administración fraudulenta.

La cifra actualizada tomó como base 86.085.463.548,25 millones de pesos que el TOF2 fijó como monto a decomisar en 2022 cuando dio a conocer su veredicto, que quedó firme por decisión de la Corte Suprema en junio pasado.

Ante esto se hizo necesario disponer la actualización y ahora que terminó este trámite el Tribunal dará diez días hábiles a los condenados para depositar dinero o entregar bienes en la proporción que les corresponda. Si esto no se cumple se avanzará con ejecución de embargos.

La suma se reclama en base al perjuicio que se considera probado causaron al Estado Nacional los delitos cometidos con la adjudicación direccionada de 51 obras viales nacionales en Santa Cruz a empresas de Lázaro Báez, entre ellas “Austral Construcciones”.

Al dejar firmes las condenas, la Corte Suprema aludió a una “fenomenal maniobra defraudatoria” cometida entre 2003 y 2015, durante el kirchnerismo, con la adjudicación del 80% de la obra vial nacional en Santa Cruz a Báez.

La Justicia unificó en 15 años la condena de Báez por corrupción

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 fijó este viernes una única pena de 15 años de prisión para el empresario Lázaro Báez tras compaginar las condenas firmes que tenía en su contra en dos causas vinculadas a maniobras de corrupción.

La decisión reúne la pena de 10 años de cárcel que había recibido por lavado de dinero en el caso conocido como la “Ruta del Dinero K” y la de 6 años que se le impuso por fraude en el expediente de “Vialidad”, en el que fue juzgado junto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por irregularidades en las obras públicas en Santa Cruz.

CFK deberá seguir usando tobillera electrónica y respetar el régimen de visitas

La Cámara Federal de Casación Penal decidió mantener las restricciones de visitas y el monitoreo electrónico (tobillera) para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en el marco de la causa Vialidad.

El tribunal, compuesto por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, evaluó los planteos de la defensa respecto de dos condiciones impuestas en la modalidad de prisión domiciliaria: la exigencia de autorización previa para visitas no incluidas en una nómina, y la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica. También se pronunció sobre el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal, que había solicitado inicialmente la revocación de la prisión domiciliaria.

El tribunal precisó que la prisión domiciliaria es una excepción bajo control judicial permanente, por lo que su modalidad podrá ser revisada si cambian las circunstancias del caso. Hornos remarcó que el cumplimiento de la sanción por delitos de corrupción debe ir más allá de lo meramente formal y que la ley debe aplicarse con igualdad sin importar el rango o exposición del condenado, conforme a la Constitución Nacional.

El domicilio de cumplimiento de la pena se mantuvo sin cambios y los jueces recordaron que un cambio de lugar no puede ser dispuesto por la justicia penal en lo que respecta al uso del espacio público, materia que corresponde al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante una audiencia oral y pública, el fiscal general Mario Villar desistió de su recurso para revocar la modalidad de prisión domiciliaria, al considerar que CFK cumple adecuadamente con las condiciones impuestas y que las circunstancias justificativas iniciales de su solicitud ya no estaban vigentes. 

La mayoría conformada por Hornos y Barroetaveña sostuvo la validez de la restricción de visitas y del uso de tobillera, argumentando que permiten un control judicial efectivo y una protección jurídica tanto frente a riesgos procesales como a la seguridad personal de la ex mandataria.

Borinsky votó en disidencia sobre la necesidad de la tobillera electrónica y las autorizaciones para visitas, al considerar que la ex presidenta cuenta con custodia permanente de la Policía Federal Argentina y que los dispositivos electrónicos son recursos penitenciarios limitados.