El caso es de tal importancia que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia se constituirá personalmente en La Adela el próximo 12 de diciembre para llevar adelante audiencias testimoniales, un hecho sin precedentes en la historia institucional de la localidad.

El Concejo Deliberante, órgano de control y fiscalización por excelencia, se enteró de esta situación crítica por medios de comunicación y no por la vía institucional correspondiente, en clara violación al artículo 124 de la Constitución Provincial ya que están en juego fondos municipales que se encuentran sujetos "a la fiscalización y aprobación del Departamento Deliberativo".

El caso que llega al Máximo Tribunal

Según consta en el expediente judicial N° 185.182, un trabajador que venía prestando servicios para el municipio vio cortada su relación de manera tajante, unilateral e inconsulta durante la gestión de Moro. Ante esta decisión del Intendente, el trabajador fue empujado a reclamar judicialmente que esa relación era de dependencia laboral y exige ahora su regularización junto con el pago de diferencias salariales, actualizaciones e intereses.

La demanda, iniciada en septiembre de 2025, podría derivar en una condena millonaria que comprometa seriamente la capacidad operativa del municipio. Sin embargo, Moro nunca informó al Concejo sobre la existencia de este proceso judicial.

Las siete preguntas al intendente:

El pedido de informes presentado por el bloque justicialista exige al Intendente que en un plazo perentorio de siete días hábiles responda sobre cuestiones centrales:

• ¿Por qué cortó la relación con este trabajador sin evaluar los riesgos judiciales?

• ¿Por qué no informó al Concejo sobre la demanda?

• ¿Cuándo tomó conocimiento de la existencia del juicio?

• ¿Qué evaluación de riesgos se realizó antes de tomar la decisión?

• ¿Cuál es la estrategia de defensa del municipio y quién la lleva adelante?

• ¿Cuánto podría costar la condena a los contribuyentes de La Adela?

• ¿Cuántos casos similares existen actualmente que puedan terminar en nuevos juicios?

"Lo más grave es que el Concejo, que tiene el deber constitucional de fiscalizar la gestión del Ejecutivo, se enteró de esta situación por los medios y no por la vía institucional. Esto constituye una violación flagrante al deber de información del Intendente", señalaron los concejales del FreJuPa.