La decisión del cuerpo deliberativo, tomada en la última sesión ordinaria, refuerza la necesidad de avanzar en políticas públicas firmes, coherentes y sostenidas en el tiempo. El documento remarca que quienes ocupan cargos de relevancia deben asumir un compromiso ético pleno, garantizando transparencia, idoneidad y conducta ejemplar en el ejercicio de sus responsabilidades.

Según señala la resolución, el consumo de sustancias psicoactivas afecta el juicio, distorsiona la toma de decisiones y compromete el desempeño en áreas sensibles, razón por la cual resulta indispensable establecer mecanismos de control que aseguren un ejercicio adecuado de la función pública.

El proyecto provincial impulsado por los legisladores Hipólito Altolaguirre, Sergio Pregno y Gisela Cuadrado (UCR), junto a Noelia Viara y Celeste Rivas (PRO), y Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga (Comunidad Organizada), establece que los controles de narcotest serán requisito de ingreso y permanencia para los cargos jerárquicos y políticos de los tres poderes del Estado.

En los fundamentos, el Concejo Deliberante subraya que quienes representan al Estado deben ser ejemplo de integridad, mantener pleno uso de sus facultades y denunciar cualquier situación vinculada al consumo o circulación de sustancias ilegales. Asimismo, sostiene que esta medida fortalece las instituciones, eleva los estándares de ética pública y profundiza la confianza entre la ciudadanía y sus representantes.