El oficialismo quiere votar una treinta de pliegos, entre los que figura la prórroga del mandato del juez Victor Pesino que rechazó la cautelar de la CGT contra la reforma laboral.
Con un quórum estricto, el oficialismo busca realizar este jueves al mediodía una sesión en el Senado para tratar el proyecto de propiedad privada, que tiene como eje central la eliminación de restricciones para que los extranjeros puedan comprar tierras, y el pliego del camarista Víctor Pesino.
La Libertad Avanza y bloques dialoguistas acordaron la semana pasada sesionar mañana, pero hasta esta tarde todavía hay dudas sobre el quórum ya que algunos legisladores están de vacaciones porque en algunas provincias el receso invernal comenzó esta el lunes pasado, una semana antes que en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, admitieron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas.
Sin embargo en el oficialismo había optimismo en que se llegará al quórum y se tratarán los pliegos judiciales y propiedad privada, aunque haya dudas sobre los votos para determinados artículos sobre la venta de tierras a los extranjeros.
El bloque de la LLA está apurado por aprobar el pliego de Pesino, debido a que el 27 de Julio cumple 75 años, con lo cual sino se aprueba antes de esa fecha corre riesgo que se frustre la prórroga de su mandato que ya tiene dictamen favorable.
Pesino ya presentó un recurso amparo para poder continuar como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dado, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
De todas maneras, el tema central de la sesión es el demorado debate del proyecto de propiedad diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tuvo sustanciales modificaciones, ya que se eliminó el capítulo sobre cambios en la ley de barrios populares y se reformaron los capítulos sobre extranjerización de tierras, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.
El proyecto elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas a extranjeros.
Se prohibirá la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros, y de empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.
Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional. En los casos de zonas de frontera deberá haber una autorización de los gobiernos nacionales y provinciales.
Si no existe un reparo ni del gobierno nacional ni provincial se reconocerá el silencio administrativo, con lo cual a los 180 días serán propietarios de pleno derecho.
En la versión numero 13 del dictamen se mantuvo la prohibición para que una empresa privada con capital de algún país extranjero pueda adquirir tierras, y el requisito para zonas fronterizas de tener aval de las provincias, el Gobierno y el Congreso Nacional.
Se aplicará un desalojo exprés solo en los casos en que se trate de inmuebles usurpados o tenedores precarios, donde el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si "el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria".
El juez podrá intimar dentro de las 72 horas la devolución del inmueble si así lo pide el propietario, que deberá mostrar con prueba documental que es el dueño de este terreno, vivienda o campo.
Los inquilinos que adeudan el pago de sus contratos deberán recibir de parte del propietario una carta documento y otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para ponerse al día, que se contarán desde que reciben la respectiva notificación.
La notificación se deberá realizar en el domicilio denunciado en el contrato o también por correo electrónico y deberá precisar el lugar exacto del pago. Si se mantiene el incumplimiento del inquilino, el propietario puede iniciar la acción de desalojo que se efectuará en un plazo de 10 días hábiles.
Otro punto es que el propietario no puede negarse a recibir las llaves ni poner condiciones para aceptarlas, aunque puede dejar asentado por escrito que quedan deudas pendientes por reclamar después.
En el caso de que haya menores o adultos en situación de desamparado, el juez deberá darle intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar, disponiendo un plazo prudencial que no excederá de 10 días para asegurar una alternativa habitacional transitoria, sin perjuicio de la continuidad del proceso.
La Libertad Avanza también quiere aprobar una treintena y seis de pliegos, entre los que figura una prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, quien debe tener el aval del Senado para continuar en su cargo antes de cumplir los 75 años el 27 de julio.
Pesino ya se adelantó a una posible postergación del debate de su pliego y presentó un recurso de amparo para continuar en su cargo después de cumplir los 75 años.
También en la lista se encuentra el funcionario judicial y ex secretario del juez Ariel Lijo, Juan Rodríguez Ponte, para el juzgado de Lomas de Zamora, que tendrá la causa del ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y la modelo Jésica Cirio.
Con la aprobación de estos pliegos, ya habrá conseguido designar en los últimos meses 110 cargos para cubrir las 300 vacantes que hay en la Justicia.
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