Las tareas de destrucción, descontaminación, compactación y disposición final de las chatarras y de los vehículos decomisados se desarrollaron en el predio de la playa judicial, ubicado en calle 44 entre 3 y 5, a través del personal del municipio y de la Oficina de Objetos Secuestrados. Entre las 37 unidades compactadas por la Justicia provincial hubo autos, camionetas, camiones y acoplados.
Pero como a su vez también el municipio realizó actividades similares con otra tanda de vehículos, en total se obtuvieron 109.720 kilos de chatarra; el equivalente a casi 110 toneladas.
Si bien el STJ comenzó con una política sistemática de cuidado del medio ambiente hace años, esta labor específica se realizó a partir del convenio de colaboración que firmó con la comuna piquense en abril del año pasado; dentro del marco de la ley provincial 3135 sobre el Régimen de bienes secuestrados en causas penales.
Previamente la Oficina de Objetos Secuestrados efectuó un relevamiento de las unidades que oportunamente fueran secuestradas y que estaban en condiciones de ser destruidas.
La iniciativa del STJ tiene fines ambientales y no es la única que apunta a esa dirección, ya a fines del año pasado el Tribunal aprobó el “Plan de gestión sostenible del Poder Judicial”, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente a partir de una serie de acciones concretas en los procesos de gestión de residuos.