En los primeros minutos de ayer, el Enacom comunicó el cierre de todas sus delegaciones provinciales y, según se estima, unas 300 personas podrían ser despedidas.
El Ente Nacional de Telecomunicaciones es el organismo encargado de regular y garantizar los servicios de comunicación en el país, estableció también “un período de transición de 60 días a fin de atender y reasignar las tareas de control ejecutadas por las delegaciones provinciales”. En la oficina con sede en General Pico trabajan dos personas, una de las cuales fue designada para elaborar un “inventario patrimonial actualizado de todos los bienes asignados y radicados en la delegación”.
Llamó la atención, por lo menos en Pico y en la capital provincial, que poco después de conocerse la noticia, una camioneta de la Policía Federal, con dos efectivos en su interior, se apostó durante varias horas en el acceso al Centro Cívico, y hasta habrían pedido documentos al personal que ingresaba al lugar, más allá que se haya tratado de un día no laborable.
Según se cree, porque la información fue nula, el objetivo de la medida fue habilitar solamente el paso a la oficina de quien tiene a su cargo la confección del “inventario”.
Esta disposición de las autoridades nacionales, de colocar una consigna policial, podría generar controversias con las autoridades provinciales, ya que el edificio que “custodiaban” pertenece a la Provincia, y la Federal no tiene jurisdicción sobre los mismos.
El malestar habría llegado, según trascendió, hasta las autoridades del Gobierno pampeano, que no estarían dispuestas a pasar por alto lo que podría considerarse como un atropello de parte de Nación.
Por lo pronto, La Reforma se puso en contacto con quienes tienen responsabilidades dentro del Centro Cívico piquense, quienes confirmaron que ni el director, Daniel López, ni el subsecretario Pablo Maccione, estaban al tanto de la medida, que cesó minutos antes de las 20, cuando se retiró el móvil policial.
Para la Casa Rosada, el Enacom se encontraba “sobredimensionado” y “estancado desde finales de 2020”. Por eso dispuso la intervención, “con el objetivo de evaluar su estado de situación, establecer un ordenamiento operativo, modernizarlo y profesionalizarlo al servicio de los argentinos”.

“La incertidumbre es muy grande”

El delegado en la Zona Norte de La Pampa de UPCN Nacional, Mario Biondi, no ocultó su preocupación por la situación por la que atraviesan los empleados del Estado Nacional.
“Hoy la incertidumbre es muy grande, porque el Gobierno Nacional está cerrando oficinas y pasa a disponibilidad a la gente que trabaja en esas dependencias”, explicó.
Haciendo referencia a ANSES, el dirigente gremial dijo que “por ahora no han llegado telegramas de despidos a los empleados de Pico, ni tampoco a los de Luiggi, pero sí hay alrededor de 14 despidos en otros puntos de la provincia. Igualmente no sabemos cómo va a terminar esto, porque se dice que el miércoles podría haber más de 1.500 despidos”.
“En Enacom cerraron las delegaciones del interior. Los empleados allí tiene allí un convenio específico. En Pico funcionaba dentro del Centro Cívico y la presencia policial tiene que ver con que los empleados no ingresen a la oficina”, remarcó.
Biondi afirmó que “la desorganización es muy grande, yo creo que los funcionarios nacionales no tienen ni idea de los juicios que van a tener que afrontar, porque están echando a gente que trabaja, que tiene muchos años, que en muchos casos son profesionales, como es el caso del SENASA, por ejemplo”.
Reconoció que “no sabemos qué va a pasar con los trabajadores del INTA, del Polo Tecnológico de Pico y del INTI. Otro lugar en el que no sabemos qué va a pasar es en la sede piquense de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, donde hay cuatro compañeros trabajando”.
Reconoció que “no sabemos cómo va terminar esta historia. A nivel Nacional, Andrés Rodríguez (secretario General de UPCN) ha pedido que se forme un mesa de diálogo, para evaluar caso por caso, pero no hay con quién conversar, porque la persona que estaba a cargo renunció hace algunos días”.

En Santa Rosa

En Santa Rosa la situación fue similar: los cinco empleados se acercaron en horas de la mañana a la sede de la calle Irigoyen 621, a informarse sobre su situación, y efectivos de la Federal les impidieron el acceso a las oficinas.
El “informarse” tiene que ver con que, en rigor, ninguno recibió alguna notificación oficial sobre su situación: apenas un mensaje de WhatsApp que anoticiaba la resolución del Gobierno Nacional de cerrar todas las delegaciones.
Por ello, ayer a primera hora, se reunieron enfrente de su lugar de trabajo para averiguar algo más. Fue en vano: nadie les dio explicaciones. Se trata de cinco empleados, de los cuales dos son planta permanente -a uno le faltaban 10 meses para jubilarse- y los otros se encuentran empleados a través de la Ley de Contrato de Trabajo.
Del grupo, los uniformados permitieron el paso a las oficinas a dos de ellos, quienes deberán presentar su DNI cada vez que lo hagan. Fueron los designados para hacer un inventario de los bienes de la oficina que establece el decreto de cierre.
El ahora ex delegado del ente en La Pampa, Guillermo Rechimont, mostró su sorpresa por la situación, imprevista por los trabajadores: “ninguno recibió alguna notificación que les reasigne tareas o que les diga cómo es que van a seguir”, indicó.
En su caso, al menos, sí se respetaron las formas: el 7 de marzo pasado le enviaron una carta documento en la que le comunicaban su alejamiento del cargo.