Según se desprende de la infomación publicada en diario LA NACION, el medio accedió a los certificados de pagos del organismo, cuyas fechas y montos presentan similitudes con tres archivos del expediente.

Un ejemplo: el 30 de junio de 2025, la Andis emitió dos certificados de pago a nombre de “Artrobone Ortopedia S.A.”. Uno por $17 millones y otro por $16 millones. Ocho días después, la titular de esa empresa le envió a Miguel Ángel Calvete, un hombre que nada tenía que ver con la firma y que tampoco ejercía un cargo público, una tabla que decía “Artrobone”, dos cifras al lado ($17.000.000 y $16.000.000), una línea con “Miguel $6.600.000”, otra con “Guadalupe $1.650.000” y una más con “Cobrado el 30/6”. Misma fecha, idénticas cifras y los $6.600.000 que representan el 20% de ese total.

Calvete tenía diálogo con funcionarios de la Andis que lo mantenían al tanto de sus pagos, según el expediente. El exdirector de Acceso a los Servicios de Salud del área Daniel Garbellini le envió en un mensaje: “Sus ofrendas de esta semana”. El texto acompañaba una tabla de 10 contratistas del Estado con la suma de $2021 millones. Ese mismo día, 24 de julio de 2025, el organismo emitió 16 certificados de pago a las mismas empresas allí mencionadas. Todas ellas suman una cifra idéntica ($2021 millones), tal como surge de un pedido de acceso a la información pública realizado por LA NACION.

Tres de las 10 compañías del mensaje de las “ofrendas” también se encuentran en el documento interno del Ministerio de Salud que detectó presuntos sobreprecios de hasta 4239% en la compra de sillas de ruedas, andadores y prótesis. Entre ellas, la mencionada Artrobone.

Esos documentos y el mensaje de las “ofrendas” forman parte de la causa a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi. El último pedido de indagatorias alude a su “verdadero significado” como una presunta connivencia entre funcionarios y empresarios que redundaba en licitaciones acotadas y posibles “retornos”. En ese supuesto circuito, se describe a Calvete como “permanente engranaje entre ANDIS y las firmas, cobrando por ello entre un 12% y un 20% de las adjudicaciones en cuestión”.

La defensa del extitular de Andis Diego Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, negó que haya integrado el presunto grupo delictivo investigado. “No conocía a los proveedores ni mantuvo conversaciones con ellos. No designó a los empleados que manejaban licitaciones ni usaron sus claves. No existe responsabilidad penal objetiva en sentido estricto; toda imputación penal requiere culpabilidad. Si los empleados o proveedores cometieron delitos, Spagnuolo no participó de ellos”, indicó.